Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) puso en la mira a 12 ciudadanos, 8 de ellos de origen chino, que operaban casinos en Chillán sin cumplir normativas tributarias ni tener autorizaciones legales. Descubrieron máquinas tragamonedas en locales con vidrios polarizados. Los involucrados no declaraban IVA ni Impuesto a la Renta, y sus ingresos no coincidían con las ganancias que podrían tener en un casino ilegal. El SII presentó una querella, señalando que la actividad ilegal no solo es un ilícito tributario, sino también un posible delito penal.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha intensificado sus fiscalizaciones y trabajo contra la evasión y la informalidad, dirigiendo algunas de sus acciones al sector de los juegos de azar y apuestas no reguladas.
En ese contexto, la entidad presentó una querella contra 12 personas, 8 de ellas de nacionalidad china, involucradas en la operación de casinos de juego en Chillán, región de Ñuble.
Los fiscalizadores encontraron en los locales que administraban dichas personas -todos con vidrios polarizados para evitar ser descubiertos- una gran cantidad de máquinas tragamonedas.
En la acción judicial, publicó Pulso, el SII argumentó incumplimiento de las normativas tributarias y falta de autorizaciones legales, administrativas y municipales.
Al revisar la documentación y antecedentes de los ciudadanos chinos, el SII constató reiteradas faltas en las declaraciones mensuales de IVA e Impuesto a la Renta.
Algunos de ellos, incluso, tenían declaraciones por otros giros, con ingresos bajos y que no eran coherentes con la explotación de ese tipo de casinos, según indicó Pulso.
La explotación de casinos es una actividad que en Chile está legalmente restringida a ciertos operadores y establecimientos regulados. Su ejercicio fuera del marco legal no solo constituye un ilícito tributario, sino que podría configurar un delito penal.
De momento, el SII indicó no ha podido cuantificar el perjuicio fiscal ocasionado por las 12 personas. El monto podría ser determinado durante la investigación que desarrolle el Ministerio Público.
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