¿Qué implica un acuerdo de confidencialidad como el que firmó Parisi? Le podría costar US$7,5 millones

Cuando al candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se le consultó en el debate de Anatel por qué no transparentaba a qué empresas prestó asesorías en Estados Unidos (EEUU), la respuesta fue la siguiente:

“Tengo un contrato de confidencialidad. Eso es muy común en cargos de esta jerarquía, digámoslo de esa forma. Si lo hago -nombrar aquellas empresas- tengo que pagar un millón y medio de dólares por cada empresa. Son cinco”, aseguró.

Es decir, en caso de que Parisi sincerara las firmas a quienes asesoró en el país norteamericano, debería desembolsar por incumplimiento del acuerdo de confidencialidad unos US$7,5 millones, equivalentes a unos $7.029 millones al tipo de cambio.

Pero, ¿por qué una empresa -en EEUU u otro país del mundo- haría firmar a un asesor un acuerdo de este tipo?

Acuerdo de confidencialidad

Primero: un contrato o cláusula de confidencialidad es aquella que obliga a una de las partes a no difundir cierto tipo de información más allá de los términos acordados previamente, con tal de proteger los datos considerados sensibles o de gran importancia para una compañía u organización.

Esto puede incluir un vasto abanico de informaciones, sean financieras, contables, operativas, tecnologías o los términos del propio contrato, entre otros.

Aquellos datos pueden ser considerados sensibles debido a que otorgan ventajas competitivas críticas frente a otros sectores o empresas competidoras de la misma área. Y como en el caso de EEUU es común la judicialización de disputas -ejemplo de ello es el sector médico-, sumado a las altas sumas que puede pagar según se disponga en el documento, una persona bajo acuerdo de confidencialidad se lo pensaría dos veces antes de filtrar datos confidenciales.

El resto de las declaraciones de Franco Parisi en el debate podrían dar luces de por qué, según afirmó el candidato, debió firmar ese tipo de contratos: aunque no dio un nombre, sí confirmó que las compañías con que trabajó realizan “análisis financiero macroeconómico y de modelos, especialmente para ETF”.

Por una parte, el análisis macroeconómico toma distintos aspectos para intentar reconocer cómo funciona una economía, desde el Producto Interno Bruto (PIB), pasando por la inflación, tasas de interés, pobreza, empleo, entre otros.

Por otro lado, los ETF son -en resumidas cuentas- instrumentos financieros que intentar replicar un índice como el S&P 500 estadounidense, el IPSA chileno o el comportamiento de un activo como el oro, bitcoin o un sector específico. Estos ETF pueden transarse como acciones en la bolsa.

Según datos citados por Reuters, el mercado de ETF en Estados Unidos alcanzó los US$12,7 billones a septiembre de este año.

Considerando la cantidad de dinero que mueve un sector como ese, cualquier tipo de información que un analista o consultor financiero pueda tener y que permita obtener ganancias, estaría en el ojo de otra empresa que también busca sacar réditos en un mercado tan grande como lo es el mercado estadounidense.

De ahí que las cinco empresas a las que el político dice que prestó servicios en EEUU, le habrían pedido sellar un contrato con este tipo de cláusula.

Ahora bien, aunque Parisi reconoció que dejó de dar servicio a aquellas empresas, al cuestionarle el que en caso de llegar a La Moneda, debería transparentar el nombre de las compañías en su declaración de patrimonio, el candidato del PDG reiteró que debería pagar US$1,5 millones por cada empresa.

“Eso no corresponde porque va más allá de mi capacidad económica. Me encantaría, pero si usted me lo dona -señalando en tono de broma al periodista-, ningún problema”, concluyó.