En el contexto del escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas, por parte de funcionarios públicos, el Gobierno presentó un proyecto que incluye cambios en el sistema, mediante modificaciones al Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL).
La iniciativa fue analizada este martes por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ante la comisión de Salud del Senado.
En la instancia, Marcel detalló el efecto fiscal que tendría el proyecto, por menor gasto en el pago de remuneraciones durante licencias, que sería por un total de $183 mil millones.
Arremetida del Gobierno contra el mal uso de licencias médicas
El proyecto en cuestión considera, entre otros aspectos, la modificación en el período de carencia -días no pagados por concepto de licencia- para trabajadores del Estado, además de fortalecer al Compin.
Las licencias ahora tendrán un período común de dos días de carencia, tanto para el sector público como privado, considerando que los funcionarios públicos acceden a su sueldo íntegro en caso de permiso médico. Además, la remuneración será “durante la licencia”, calculada como la trigésima parte del sueldo bruto del trabajador público.
Ahora, ante la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el ministro Marcel dijo que con estos cambios, “habría un menor gasto por remuneraciones durante las licencias, ya sea por la aplicación de los dos días de carencia como por la aplicación del monto máximo de remuneración dado por el tope imponible. Eso implica una diferencia de $122.500 millones”.
Respecto a la afiliación con Fonasa, el impacto varía: en aquellas licencias menores a 11 días, se aplicará una carencia de dos días, a diferencia de antes que era de tres días en el sector privado, a la vez que las licencias iguales o superiores a los 11 días tendrán aplicación de carencia de dos días a todo evento, lo que generaría un ahorro de $34 mil millones.
“En lo que se refiere a la recuperación de licencias y al aplicarse los dos días de carencia a todo evento, tanto para trabajadores afiliados a Fonasa como a Isapre, el Estado como empleador tiene que hacer la recuperación por concepto de SIL a través de los seguros de salud. Y en el caso de los trabajadores públicos, el monto que se registra como afiliado en Fonasa es equivalente a la recuperación del sector público. Entonces, en términos de recuperación, hay una diferencia de $24 mil millones”, explicó Marcel, según detalla la cartera en un comunicado.
En Dipreca y Capredena, Hacienda tiene un cálculo de $2.586 millones en ahorro, por lo que sumando los distintos montos,” el efecto total de este proyecto de ley sería de una recuperación de $183 mil millones de pesos”.
En su exposición, Marcel advirtió que cuando “el diseño tiende a inducir o facilitar un cierto comportamiento por parte de los asegurados, inevitablemente nos vamos a volver a encontrar con estos problemas en el futuro”.
Por eso, afirmó que no se trata de un problema solo del sector público, sino “de todo el sistema. Para nosotros este es un tema que no es de antagonismo con el sector público. Lo que buscamos es colaboración, acuerdo y mantener una instancia de diálogo con los funcionarios”.
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