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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó enviar al Senado el proyecto que incrementa el salario mínimo a mil en mayo de 2025 y a mil en enero de 2026, respaldado por 112 votos a favor. La medida busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores e incluye subsidios para mipymes. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, enfatizó que esta alza permitiría a una familia superar la línea de pobreza. El proyecto, acordado con la CUT, también contempla ajustes en el Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar, así como la creación de un Observatorio de Ingreso de la Vida de los Trabajadores. A pesar de críticas sobre el impacto en las pymes, diputados oficialistas defienden el reajuste y descartan desempleo.

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que reajusta el salario mínimo a $529 mil desde mayo de 2025 y a $539 mil en enero de 2026. La norma, respaldada por 112 votos a favor, busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y contempla subsidios para mipymes. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, enfatizó que el alza “permite que una familia con salario mínimo supere la línea de pobreza”.

La iniciativa establece un alza del salario mínimo en dos etapas. A contar del 1° de mayo de 2025, este subirá a 529 mil pesos para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años. Mientras que, a partir del 1° de enero de 2026, el monto alcanzará los 539 mil pesos.

En tanto, para trabajadores menores de 18 años y aquellos mayores de 65 años, la primera alza será a 394.622 pesos este 2025 y a 402.682 pesos, en enero de 2026.

La iniciativa también incrementa el Subsidio Único Familiar (SUF) y la Asignación Familiar (AF), además de crear el Observatorio de Ingreso de la Vida de los Trabajadores. “Este observatorio fortalecerá los debates técnicos con participación transparente de pymes y empleadores”, detalló Boccardo.

El proyecto surgió de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Durante la discusión, la ministra de Hacienda (s), Heidi Berner, resaltó que el ajuste combina inflación pasada y proyectada. “El objetivo es mantener el valor real de $500.000 vigente desde julio de 2024”, expuso.

Críticas al impacto en Pymes

Sectores de oposición advirtieron sobre el riesgo de aumentar costos laborales y la informalidad. “Los salarios crecen con productividad y baja inflación, algo que el Gobierno no gestiona”, criticaron. Propusieron reforzar subsidios temporales para pymes y medidas que incentiven contrataciones en este sector.

Diputados oficialistas defendieron el reajuste, descartando que genere desempleo. “El aumento no es desmedido; es un reconocimiento al trabajo que debe definirse técnicamente, no por coyunturas políticas”, argumentaron. Destacaron que la informalidad alcanzó un mínimo histórico de 25,8% bajo esta política salarial.

Boccardo añadió que “vigilamos que no hubiera efectos negativos en el empleo. La gradualidad y el apoyo a pymes explican la reducción de la informalidad”. Berner, en tanto, precisó que el subsidio a mipymes se activará si la inflación de 2025 supera el diferencial salarial de 2026.

Detalles técnicos y compromisos de largo plazo

El proyecto inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) para fijar el kerosene a un máximo de $1.050. Además, consolida el Observatorio sobre Ingreso y Condiciones de Vida, que evaluará la suficiencia del salario mínimo. “Es un paso para fortalecer derechos laborales con diálogo social”, afirmó Boccardo.

La norma también establece un nuevo criterio para asignar recursos a formación sindical. “No solo es un ajuste numérico; es una política integral”, sostuvo Berner. El subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, resaltó que el acuerdo con la CUT refleja “prioridad a los trabajadores sin descuidar a las pymes”.

Así las cosas, el proyecto ahora inicia su segundo trámite en el Senado. Con 11 votos en contra y 2 abstenciones, su aprobación en la Cámara marca las aspiraciones del Gobierno, que busca cerrar su mandato con un salario mínimo ajustado a metas inflacionarias y protección social.