La red de Clínica Dávila demandó a Fonasa y dos servicios de salud por una deuda que en total traspasaría los $76 mil millones. El director del Fondo Nacional de Salud, Camilo Cid, admitió la deuda, pero refutó el monto.
Esta semana las clínicas de Red Dávila (Clínica Dávila en Recoleta, Dávila Vespucio en La Florida y tres centros ambulatorios en Las Condes, Ñuñoa y Maipú, todas parte de Empresas Banmédica), interpuso demandas en contra del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y dos servicios de salud, reclamándole al sistema público una millonaria deuda.
La firma comentó que envió a Fonasa “más de 40 cartas formales y varias solicitudes de reuniones a la autoridad correspondiente” para regularizar la situación, sin una acogida satisfactoria.
En la demanda, Clínica Dávila detalló que lo adeudado, en total, traspasa los $76 mil millones.
Consultado al respecto el director de Fonasa, Camilo Cid, desconoció ese monto porque aseguró que “la cifra es mucho menor”.
“La mejor prueba de que el monto no es el que ellos señalan es que en las demandas ellos reclaman, en conjunto, del orden de $23 mil millones”, sostuvo a Diario Financiero.
Cid agregó que la red de Clínica Dávila -a su juicio- podría estar reclamando un monto mayor porque podría estar incorporando “casos que todavía no están prefacturados ni facturados, que no han sido revisados, o puede que estén incluyendo otros convenios”.
El citado medio le consultó su parecer por las acciones judiciales que podrían emprender más prestadores privados. “Están en su derecho de ejercer las acciones que crean legítimas”, respondió.
No obstante, opinó que eso complicaría todavía más la resolución de problemas entre ambas partes, por los tiempos que implica.
Clínica Dávila precisó que un 50% de la deuda total a su red se concentra en el año 2022, por prestaciones realizadas a miles de beneficiarios del sector público. Complementó que existirían “cuentas pendientes desde 2017”.
En todo este contexto, detalló que el 52,5% de sus atenciones se realizan a beneficiarios de Fonasa; y que la falta de pago oportuno “pone en riesgo la sostenibilidad de las clínicas, poniendo también en jaque la articulación público-privada tan necesaria en materia de salud”.
