Tras un requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el TDLC condenó a dos empresas a pagar US$6,5 millones por "haber ejecutoriado un acuerdo para impedir, restringir o entorpecer la competencia" en el mercado del combate de incendios forestales entre 2009 y 2015. Se trata de las compañías Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada, las que además deberán adoptar un programa de cumplimiento y ética en materia de libre competencia.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada a pagar una multa cercana a los US$6,5 millones, tras haber acogido una requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en julio de 2018.

En concreto, la FNE acusaba a estas compañías de haber ejecutoriado un acuerdo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna entre 2009 y 2015.

Del total, US$1,5 millones los asumirá Faasa Chile, mientras que Martínez Ridao deberá pagar casi US$5 millones. Además, ambas empresas tendrán que adoptar un programa de cumplimiento y ética en materia de libre competencia.

“El acuerdo alcanzado por las requeridas les confirió poder de mercado y con ello la aptitud de producir efectos perniciosos en la competencia en el mercado relevante. Ello por cuanto el acuerdo involucró a los dos principales oferentes del mercado y, por tal motivo, suprimió la competencia que debía existir entre ambos, aumentando consecuentemente su poder de mercado”, señalaron desde el TDLC.

La acusación que fue acogida por el tribunal sostiene que estas empresas acordaron actuar conjuntamente en el mercado chileno, determinando condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados para asignarse contratos en el período referido.

Entre los afectados por este acuerdo se encuentran instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), así como algunas empresas forestales privadas.

“Esta decisión del Tribunal acredita la existencia de un acuerdo que afectó a un mercado tan sensible como el combate aéreo de incendios forestales desarrollado mediante aviones”, afirmó el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

En ese sentido, agregó que “las requeridas, que forman parte de grupos empresariales que operan en España y otros países de Europa, también han sido investigadas en el extranjero por conductas similares, lo que nos obliga a permanecer muy alertas y mantener coordinación con distintas agencias y autoridades que nos permitan obtener evidencia para desbaratar estos acuerdos ilícitos”.

Investigación de la FNE

La investigación de la Fiscalía Nacional Económica comenzó en febrero de 2017, tras conocer información de prensa sobre un acuerdo detectado en España entre empresas de combate y prevención de incendios forestales que ejecutaron delitos de alteración de precios en concursos públicos, organización criminal y falsedad de documentos mercantiles.

Algunas de las compañías investigadas llevaron este acuerdo a Portugal, Italia, Francia y Chile, además de España. De éstas, sólo las sentenciadas han prestado servicios de extinción de incendio en suelo nacional.

En las pesquisas, que incluyeron un allanamiento a las oficinas de las investigadas, la FNE obtuvo antecedentes sobre reuniones y comunicaciones sostenidas entre ejecutivos de estas empresas para discutir sobre la participación de cada una en el mercado afectado.

De esta forma, se logró establecer que Faasa y Martínez Ridao se coordinaron a través de un acuerdo de colusión para asignarse o adjudicarse contratos. Esto, con el fin de prestar servicios de combate y extinción de incendios forestales, a través de aviones cisterna, entre 2009 y 2015.

Revisa la sentencia completa del TDLC: