Una máxima dice que no es justo pedirle a los demás lo que no se está dispuesto a cumplir uno mismo. Es una cuestión ni siquiera de mínima justicia, sino que de básica convivencia.
Sin embargo, en la política, esto, normalmente, no ocurre. Abundan los ejemplos de interpelaciones y acusaciones a otros que, si se mirara puertas adentro, obligarían a reconocer que se hace lo que a otros se reprocha. Basta recordar los discursos escandalizados de ciertos políticos cuando se supo que algunos colegas, del bando contrario, habían financiado ilegalmente sus campañas electorales, para que termináramos sabiendo que esos que vociferaban habían hecho lo mismo. Que no se olvide: SQM aparecía como militante del PPD.
Un último ejemplo es la declaración del martes del Partido Socialista reclamando ampulosamente al gobierno por el llamado a paro de los camioneros este jueves. Dice que esa eventual paralización “recuerda episodios del pasado”, en obvia referencia a los paros de los transportistas contra el gobierno de la Unidad Popular, y advierte a la actual administración que ejercer las facultades legales contra los camioneros “que pretenden desabastecer al país en medio de la pandemia (…) es un deber ético, político y legal”.
Pero el PS, mañosamente, recuerda sólo algunos episodios del pasado. Omite, por cierto, la violencia política que sedujo a buena parte de sus militantes antes y durante la UP y que llevó a esa colectividad a dificultar la labor de Allende, su presidente y militante (el día del golpe, Allende se lo reprochó amargamente a Hernán del Canto, su ex Ministro del Interior, enviado esa mañana a La Moneda por la directiva del partido). Y, ahora, tampoco, el PS menciona que la movilización de los camioneros se da como respuesta (quizás equivocada) a la violencia política que asola a la denominada macro zona sur, con múltiples atentados y, en uno de ellos, hasta con una niña de 9 años baleada. Ante esos delitos flagrantes, el PS no ha exigido al gobierno ejercer sus facultades legales, como “un deber ético, político y legal”. ¿Será que, como antaño, le espanta el desabastecimiento, pero “comprende” el uso de la violencia política, mientras sea cercana su sensibilidad? La vida tiene sus vueltas. O fantasmas que perduran.
Cuando fue parte del gobierno, el PS también vivió atentados en la región de la Araucanía. Esos gobiernos tampoco lograron mucho. Y cuando en la administración anterior, de Michelle Bachelet, un subsecretario del Interior, el socialista Mahmud Aleuy, quiso, en efecto, en paralelo a las negociaciones políticas, ejercer las facultades legales ante una ola de atentados que se perpetraban en la misma zona, desde su propio sector se le vapuleó acusándolo de ceder a la tentación de la represión. Aleuy actuaba como hombre de Estado -ese era su rol- y no como político de matinal de tv.
El PS, como todo partido, aspira al poder, a dirigir el Estado. Pero no es sano que sus declaraciones -como la citada- sugieran que está dispuesto a hacer cumplir estrictamente la ley en determinados casos sí y en otros no, de acuerdo a su particular óptica política. Ese doble estándar es el que ha posibilitado, por ejemplo, la corrupción. A lo menos.
