Regulación de la semilla en Chile: qué plantea el SAG y por qué ha generado inquietud en el sector

En Chile, las semillas no son solo un insumo agrícola, sino también la base de un dinámico intercambio comunitario y ancestral que durante generaciones ha mantenido viva la biodiversidad agrícola y la resiliencia frente al cambio climático; pero eso podría cambiar. En junio de este año, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) publicó una consulta ciudadana que propone una actualización del régimen vigente de comercialización de semilla corriente en Chile. Este lunes 10 de agosto, a las 23:59, finaliza el plazo para que las personas puedan participar del proceso haciendo llegar sus comentarios a través del formulario online.

La iniciativa busca modernizar la regulación de las denominadas “semillas corrientes” —aquellas que se comercializan sin certificación oficial, pero cumpliendo estándares mínimos de pureza y germinación—, una normativa que databa de la década de 1980. Sin embargo, el borrador presentado ha abierto un intenso debate donde la academia y diversas organizaciones sostienen que el texto jurídico presentado podría amenazar la semilla campesina como patrimonio biocultural de uso público y garantía de soberanía alimentaria para el país.

Las claves de la propuesta: ¿qué busca cambiar el SAG?

La actualización impulsada por el organismo fiscalizador no constituye una nueva ley de semillas, sino una revisión reglamentaria sobre los requisitos de comercialización de la semilla corriente. Entre sus ítems principales destacan los siguientes puntos:

– Creación de un Listado Obligatorio de Comerciantes de Semillas: Exige que toda persona natural o jurídica que comercialice semillas, incluyendo el comercio electrónico, se inscriba previamente en un registro oficial ante el SAG pagando una tarifa.

– Los comerciantes deberán llevar registros contables y de gestión que permitan establecer la procedencia y el destino final de cada lote transado, además de informar las especies y variedades comercializadas mediante una Lista de Variedades Oficialmente Descritas.

– El texto incluye en su alcance no solo la venta monetaria, sino también cualquier “cesión, entrega o transmisión con fines de explotación comercial, incluso a título oneroso o no”, punto que genera discrepancia sobre si alcanza o no las prácticas comunitarias y tradiciones indígenas como el Trafkintu.

– Mantiene la exigencia de estándares estrictos de germinación, pureza física, requisitos de etiquetado y un mínimo de 95% de pureza varietal, sumado al control de malezas cuarentenarias y comunes.

– Umbrales de flexibilización: Establece límites de volumen para simplificar la descripción varietal y alivianar análisis de laboratorio en menor escala.

Según explicó el Servicio, esta propuesta busca actualizar la normativa existente de Comercio Semilla Corriente bajo el marco del DL 1.764, con el fin de hacerla “más inclusiva, eficiente y acorde a la realidad de la agricultura familiar campesina, la pequeña escala productiva y el crecimiento del comercio electrónico”.

¿Qué ocurre después del 10 de agosto? BioBioChile consultó con el SAG, que señaló que después del término de la consulta pública, la publicación de las respuestas a las consultas y observaciones de la ciudadanía tendrá lugar el 22 de septiembre de 2026. “Al finalizar la consulta pública, el SAG realizará un análisis técnico de todas las observaciones recibidas. Cada aporte será revisado cuidadosamente y considerado durante la elaboración de la propuesta, con el propósito de fortalecer y perfeccionar el texto final de la resolución”, indicó el organismo a este medio.

La controversia: entre la intención del organismo y el texto normativo

La controversia se encendió tras los pronunciamientos de organizaciones como la Red de Semillas Libres, quienes advirtieron que la redacción del proyecto podía criminalizar o ahogar burocráticamente el intercambio ancestral de semillas campesinas e indígenas. A través de una Guía Ciudadana, apuntan a que la definición de “comercio” incluye cesiones no onerosas, lo que regularía erróneamente intercambios tradicionales y ancestrales como el trafkintu, el trueque y la donación. También denuncian que la obligatoriedad de inscribir variedades en la Lista de Variedades Oficialmente Descritas impone estándares técnicos de homogeneidad y estabilidad que son incompatibles con la biodiversidad natural de las semillas campesinas, excluyéndolas de la libre circulación.

En este contexto, el SAG emitió una nota aclaratoria enfatizando que la propuesta surge como respuesta al crecimiento sostenido del comercio digital e informal de semillas, fenómeno que dificulta la trazabilidad fitosanitaria y deja en desprotección al comprador ante eventuales plagas o fraudes. Asimismo, el servicio aseguró públicamente que la conservación, circulación y trueque tradicional de semillas sin fines comerciales quedan completamente excluidos de la regulación.

El SAG “ha tomado conocimiento de las inquietudes planteadas respecto de la definición de ‘comercialización’. Si bien el objetivo de la propuesta es regular exclusivamente las actividades comerciales, el Servicio reconoce que la redacción de algunos artículos puede generar interpretaciones distintas a ese objetivo. Precisamente por eso existe este proceso de consulta pública: para recoger observaciones, corregir posibles ambigüedades y asegurar que el texto definitivo refleje con total claridad el propósito de la norma”, aseguró el organismo.

No obstante, la solución comunicacional no ha dejado tranquilos a los actores del mundo rural, quienes apuntan a que los comunicados de prensa carecen de validez legal si la redacción de la resolución no explicita claramente dicha exención. Por ello, diversas entidades llaman a la ciudadanía a exigir en la consulta pública que se incorpore de forma inequívoca en el articulado que el trueque, la donación y la circulación tradicional campesina e indígena no están afectos a esta normativa.

También se ha denunciado que la resolución fue dictada sin realizar una consulta indígena previa, vulnerando el Convenio 169 de la OIT al afectar directamente prácticas culturales como el ayni y el trafkintu. Asimismo, cuestionan la legalidad de los cobros establecidos para el registro, argumentando que el Servicio no tiene facultad autónoma para fijar tarifas sin un decreto supremo del Ministerio de Hacienda.

La mirada experta: entre la fiscalización y el riesgo para la agricultura tradicional

El proyecto de resolución del SAG busca abordar una problemática real: el aumento del comercio digital e informal de semillas y sus desafíos de trazabilidad. Sin embargo, para el presidente de la Sociedad Científica Chilena de Agroecología y académico de la Universidad de Chile, Andrés Muñoz-Sáez, la forma en que está redactada la propuesta genera serias dudas y un impacto desproporcionado sobre la economía campesina.

El primer nudo crítico radica en la brecha entre el discurso oficial del SAG y la redacción del proyecto borrador. Aunque el organismo aseguró públicamente que el trueque no será regulado, el texto legal abarca entregas o traspasos a cualquier título. Para Muñoz-Sáez, existe una diferencia importante entre la intención expresada por el SAG y lo que queda en el texto, que al final es el texto jurídico. “Cuando hay resquicios legales y entramos al sistema judicial, el sistema judicial se rige por la norma, no se rige por las declaraciones de comunicaciones que se hacen a través de medios”.

Para solucionar este punto, el experto sostiene que “la solución más sencilla sería incorporar explícitamente en la resolución que el intercambio, trueque, donación, conservación y circulación tradicional de semillas campesinas, indígenas y ancestrales sin finalidad comercial quedan fuera de su ámbito de aplicación”.

En el caso de la comercialización, la propuesta también genera reparos por la exigencia de un registro obligatorio de comerciantes con costos y trámites administrativos, que a su juicio amenazan con distorsionar el ecosistema agrícola rural. Muñoz-Sáez advierte que “la conceptualización de este mercado no diferencia bien entre qué es lo que podría ser una empresa mediana o grande o qué es lo que ocurre con los sistemas campesinos de semillas”. Esta falta de distinción podría derivar en una “selección económica de los actores capaces de participar del mercado formal. Empresas con mayor capacidad financiera y administrativa tienen menores dificultades para cumplir requisitos. El resultado podría ser paradójico: aumentar la informalidad que precisamente se pretende disminuir.” En este contexto, menciona que las semillas corrientes ya están reguladas: deben cumplir estándares de germinación y pureza física, una pureza varietal mínima de 95%, restricciones respecto de malezas cuarentenarias y comunes y requisitos de envasado y etiquetado.

Los sistemas campesinos de semillas funcionan mediante redes sociales de reproducción, selección, regalo, intercambio, trueque y pequeñas ventas, y esas actividades mantienen simultáneamente diversidad genética, conocimiento y relaciones sociales, recordó el académico. Vía Campesina y organizaciones chilenas han advertido precisamente que una regulación concebida desde la lógica industrial puede desconocer estas características.

El experto sostuvo que sí, “se necesita proteger estos riesgos fitosanitarios, pero riesgos fitosanitarios no es lo mismo que diversidad intraespecífica dentro de una semilla. Son dos cosas diferentes. Y por otro lado, esto debería ser una regulación diferenciada, que fuese proporcional a cada uno de los actores y construida participativamente, porque básicamente se debería explícitamente reconocer que el intercambio tradicional y las semillas campesinas es un patrimonio biocultural vivo y no simplemente un insumo comercial”.

Y agregó: “Aquí también hay riesgos de que, si están solamente algunos actores teniendo semillas con poca variabilidad, y son esas las semillas que se empiezan a comercializar a nivel nacional, existe un riesgo de pérdida de resiliencia frente a condiciones de cambio climático”.

Frente a este escenario, Muñoz-Sáez propone una regulación diferenciada basada en resguardar el trueque tradicional excluyéndolo de la norma; crear un registro simplificado y preferentemente gratuito para la pequeña comercialización campesina, incluso creando una nueva categoría de “semilla campesina”; y aplicar la fiscalización estricta al comercio empresarial.

Para el presidente de la Sociedad Científica de Agroecología, una de las cosas que en esta normativa todavía queda un poco al debe es que, si bien existe esta convocatoria pública que es para poder hacer algunos hincapiés en esta normativa, no todas las personas interesadas en esta temática tienen acceso a internet para participar.

“Muchas de las personas que están en el campo no tienen este acceso, no logran llegar a ser incluidas dentro de este marco de convocatoria a modificaciones. Y yo creo que también eso es importante porque también existen tratados, sobre todo cuando son comunidades indígenas y son semillas de comunidades indígenas”. recalcó. Para él, el foco debe ser realizar una consulta particular que incorpore la visión y demandas del mundo rural, campesino e indígena, quienes son los principales guardianes de esta agrobiodiversidad y a través de sus prácticas conservan las semillas en el territorio, permitiendo la continua adaptación a las condiciones naturales.

En ese contexto, Andrés Muñoz hizo un llamado a continuar esta discusión y profundizar en el resguardo de las semillas libres durante el próximo Congreso de Agroecología, evento que se llevará a cabo del 25 al 28 de noviembre en la Casa Central de la Universidad de Chile. La invitación es abierta a toda la comunidad interesada en conocer más sobre este encuentro, donde se abordará la agricultura sostenible integrando la evidencia científica con los conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas e indígenas.