Que las personas en situación migratoria irregular contraigan matrimonio con ciudadanos se ha vuelto una situación común en los países con alto flujo de migrantes, debido a los beneficios migratorios que aquello suele conllevar, como la residencia temporal o definitiva. Así lo asegura un reciente proyecto de ley ingresado por los senadores Iván Flores (DC), Danisa Astudillo (PS), Paulina Núñez (RN) y Paulina Vodanovic (PS), el cual busca sancionar penalmente la celebración de matrimonios o acuerdos de unión civil (AUC) con fines migratorios.
Como contexto, esta semana se reveló que los AUC entre chilenos y extranjeros se duplicaron de 2024 a 2025, lo que ha generado cuestionamientos respecto de si algunos podrían estar recurriendo a esta herramienta no por un vínculo de pareja, sino como una vía para regularizar situaciones migratorias. Eso sí, el Registro Civil recalcó que el incremento de estos acuerdos no permite por sí solo establecer la existencia de un fraude.
Proyecto sanciona matrimonios y AUC por motivos migratorios
Basándose en el modelo francés, el recién ingresado proyecto de ley busca sancionar tanto a quienes celebren el matrimonio o AUC con el propósito de eludir la legislación migratoria y obtener indebidamente beneficios de dicha índole, como a quienes participen en la intermediación, organización, promoción o facilitación de dichos vínculos con ánimo de lucro.
Lo anterior, ya que de acuerdo con la iniciativa presentada por los senadores, el incremento de este fenómeno no obedecería únicamente a la buena voluntad de quienes buscan ayudar a personas extranjeras a regularizar su situación migratoria, sino que existirían personas que, a cambio de una suma de dinero, ofrecen contactar a ciudadanos chilenos o extranjeros residentes dispuestos a suscribir un acuerdo de unión civil.
Se “busca cerrar un vacío en la legislación que hoy permite que personas suscriban un matrimonio o AUC y luego lo invoquen para obtener beneficios migratorios fraudulentamente, pues en realidad nunca buscaron mantener una vida en común. Las conductas que atentan contra la fe y la administración pública, y que a la vez instrumentalizan las instituciones, no pueden quedar impunes”, sostiene el documento.
En concreto, las sanciones propuestas son las siguientes:
Si una persona celebra un matrimonio o un AUC con una persona extranjera en situación migratoria irregular, con el propósito de eludir la ley de migraciones y obtener beneficios migratorios, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 10 a 20 UTM. Si esto ya ocurrió anteriormente en una o más oportunidades, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 21 a 50 UTM.
Las mismas penas se impondrán a la persona extranjera en situación irregular que contrajere matrimonio o celebrare un AUC en estas condiciones.
Por otro lado, el que organice, promueva, facilite o intermedie en la celebración de matrimonios o acuerdos de unión civil con motivos migratorios, con ánimo de lucro, será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo y multa de 51 a 100 unidades tributarias mensuales.
En estos casos, la residencia, nacionalidad o cualquier otro beneficio migratorio obtenido por este medio será revocado y la persona quedará impedida de obtenerlo nuevamente, aun cuando lo solicite invocando una causal distinta. La misma sanción se aplicará a la persona extranjera que, encontrándose en situación migratoria regular, organice, promueva, facilite o intermedie en la celebración de matrimonios o acuerdos de unión civil con ánimo de lucro.
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