La justicia chilena condenó a Cruzados, la Sociedad Anómina que administra el equipo de fútbol de Universidad Católica, a indemnizar a un grupo de siete brasileños, fanáticos del Flamengo, que fueron víctima de incidentes en 2022 por Copa Libertadores.
El hecho ocurrió en el viejo San Carlos de Apoquindo, cuando seguidores del elenco universitario emitieron gestos racistas y arrojaron proyectiles, con bengala incluida, al sector de la hinchada visitante.
Lamentablemente, el artificio acabó impactando en un menor de -en ese entonces- 10 años, quien sufrió importantes lesiones.
Los hechos relatados provocaron una demanda civil de los afectados, direccionada contra la institución precordillerana, la Conmebol y el fanático indentificado de arrojar el elemento pirotécnico.
En total, Católica deberá pagar 70 millones de pesos a las víctimas del caso. Una cifra, igualmente, inferior a los casi 800 que solicitaba la demanda.
Católica evalúa acciones legales
Tras confirmarse el fallo, desde Cruzados confirmaron en un escrito a BioBioChile que “fue formalmente notificado de la sentencia dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, en relación con los hechos ocurridos durante el partido entre Universidad Católica y Flamengo, por la Copa Libertadores 2022, disputado en el antiguo estadio San Carlos de Apoquindo”.
“La sentencia establece una indemnización considerablemente inferior a la solicitada originalmente. Nuestros asesores legales se encuentran analizando los fundamentos del fallo para evaluar las acciones judiciales que correspondan“, agregaron.
El texto, además, remarca que “Cruzados reitera su profundo rechazo a lo ocurrido en aquella jornada y expresa nuevamente su solidaridad y empatía con el menor que resultó afectado por el lanzamiento de una bengala. El responsable de este hecho fue plenamente identificado”.
“La seguridad y el bienestar de todas las personas que asisten a nuestros encuentros deportivos constituye un compromiso permanente para Cruzados. Asimismo, reafirmamos nuestro respeto por las decisiones de los tribunales de justicia y por los procedimientos establecidos en la legislación vigente”, cierra la misiva.
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