La participación de menores de edad en delitos de alta connotación pública ha vuelto a instalar en el centro del debate la necesidad de reformar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y de revisar cómo el país enfrenta la delincuencia juvenil.
Al involucrar a adolescentes, esta discusión adquiere una complejidad adicional, ya que debe equilibrar la correcta sanción de los delitos con el enfoque de protección y reinserción vigente tanto en la legislación como en los tratados internacionales suscritos por Chile.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N.º 20.084) regula el sistema de justicia juvenil en Chile. Se aplica a adolescentes entre 14 y 17 años al momento de cometer un delito. Su enfoque principal no es solo punitivo, sino que busca la reinserción y rehabilitación social a través de sanciones especializadas.
Para entender el debate que surge en torno a esta normativa, se debe tener en cuenta que, actualmente, la ley divide a los adolescentes en dos grupos para efectos de determinar la sanción:
• De 14 y 15 años: Considerados en una etapa de pleno desarrollo, sujetos a medidas especiales. Pueden recibir penas privativas de libertad por un máximo de 5 años.
• De 16 y 17 años: Etapa donde la judicatura puede considerar una mayor madurez al evaluar la proporcionalidad de la pena. Pueden recibir penas privativas de libertad por un máximo de 10 años.
Las penas de privación de libertad pueden ser de internación en régimen cerrado o semicerrado. También existen las no privativas de libertad, como la libertad asistida, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la reparación del daño a la víctima y la amonestación.
El punto más divisivo: ¿Rebajar la edad penal?
Uno de los puntos más divisivos en torno a eventuales reformas a la ley es si se debe rebajar la edad mínima para ser juzgado penalmente. Lo anterior, teniendo en cuenta que el crimen organizado utiliza a menores debido a sus menores consecuencias penales. No obstante, la duda persiste sobre si rebajar la edad de imputabilidad es la forma de combatirlo.
La bancada UDI ha solicitado al Gobierno otorgar discusión inmediata a un proyecto de ley que busca rebajar la edad de responsabilidad penal desde los 14 a los 13 años y que permite que los mayores de 16 años sean sancionados como adultos cuando participen en delitos de alta connotación social. Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) se ha mostrado disponible a discutir esta rebaja, siempre que se fortalezca el sistema de protección y reinserción.
Eso sí, el Ejecutivo ya descartó bajar la edad actual, argumentando que el enfoque debe estar en reformar la ley existente y respetar compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
En esa línea, académicos también advierten que rebajar la edad no reduce necesariamente el involucramiento delictivo, pudiendo incluso incentivar a las bandas a reclutar a niños cada vez más jóvenes.
“La verdad es que yo lo veo como una mala política”, sentenció Alejandra Castillo, académica del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, quien aseguró que la rebaja de la edad de responsabilidad no tiende a tener un impacto en el involucramiento delictivo. Según explicó a este medio, “el efecto finalmente es solo un incentivo para utilizar gente cada vez más joven en el involucramiento penal. Y yo creo que eso es un peligro grave”.
La académica hizo énfasis además en que existiría una contradicción jurídica al considerar que los menores de 14 años son niños que reciben una protección reforzada por su falta de madurez. Por ejemplo, en los delitos sexuales. “Para efectos de ser víctima de un delito sexual, son indemnes, incapaces de involucramiento en ese sentido. Pero sí pueden ser criminales”, cuestionó.
Reclutar menores: un delito que hoy no existe
Para Jimena Valenzuela, directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, era imposible que la ley pudiera anticipar los fenómenos que se están viendo ahora, como “el reclutamiento sistemático de menores por el crimen organizado y el narcotráfico en los barrios”.
A su juicio, ese cambio obliga a mirar el problema desde una perspectiva distinta y a incorporar herramientas que hoy no existen. Entre ellas, plantea tipificar el reclutamiento de menores como un delito. “Hoy vemos que eso está ocurriendo”, afirma, insistiendo en la necesidad de contar con mecanismos específicos para perseguir a quienes incorporan niños y adolescentes a organizaciones criminales.
En este contexto, el Ejecutivo ya anunció que pondrá urgencia a un proyecto que crea un delito específico para castigar a organizaciones criminales y adultos que utilicen menores para cometer ilícitos.
¿Endurecimiento de las penas y trato como adultos?
El Gobierno propone un mecanismo donde, en casos de delitos especialmente graves (homicidios, secuestros, robos violentos), adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados bajo el sistema penal adulto. Además, busca que las penas máximas para delitos graves puedan duplicarse (por ejemplo, pasar de 5 a 10 años en robos con violencia).
A lo anterior se le conoce como mecanismo de “transferencia judicial”.
En contraste, la académica de la Uandes pone en duda que el endurecimiento de las penas sea la respuesta. “Está comprobado que el aumento de penas no es un disuasivo. Ya hay demasiada evidencia que así lo demuestra”, asegura. En cambio, afirma que lo que sí desincentiva el delito es que “efectivamente no haya impunidad”, mediante el trabajo de las policías, el Ministerio Público y condenas efectivas.
En esa línea, descarta que juzgar a adolescentes como adultos contribuya a resolver el problema. “Las cárceles son escuelas para la delincuencia”, advierte, recordando que el foco de la ley debe seguir siendo la reinserción de jóvenes que recién comienzan su vida y que tienen mayores posibilidades de reinsertarse.
Por su parte, el exministro Luis Cordero advierte que centrarse solo en tratar a menores como adultos, sin abordar la reinserción, crea un “circuito extremadamente perverso” que incluso facilita el reclutamiento por bandas criminales.
La académica de la Universidad Diego Portales recordó además un ítem clave dentro de la discusión: “se olvidan, y esto es un uso antojadizo del concepto niño o niñez o niña, de que todas las personas que son menores de 18 años son consideradas niños ante el derecho internacional, y lo son especialmente las personas menores de 14 años, que son infancias protegidas de manera intensificada, incluso bajo la ley penal”.
Prevención, familia y reinserción
Más allá de lo punitivo, existe una crítica hacia la falta de efectividad en las actuales medidas de resocialización, señalando que el aumento de penas por sí solo no es disuasivo si no hay una condena efectiva y un trabajo real de reinserción.
En este contexto, existe cierto consenso de que la familia es el principal factor protector y que se debe apoyar la parentalidad e intervenir tempranamente en la deserción escolar y el consumo de drogas. En este sentido, actualmente el Gobierno impulsa un proyecto de responsabilidad parental para involucrar a los cuidadores en procesos preventivos antes de que los menores cumplan 14 años.
Para Alejandra Castillo, habría que hacer el énfasis en definitiva en las medidas de resocialización. “Aquí no tiene que haber un pensamiento netamente punitivo en términos de castigo; eso también, sin duda, pero sobre todo, siendo personas tan jóvenes las que están cometiendo ilícitos, también la resocialización”.
La académica va más allá y apunta a que “Hoy día hay un problema basal mucho más profundo, más global, que tiene que ver con la entrega de la educación de calidad transversal, la empatía a la humanidad como parte de la formación de las personas en nuestra sociedad; y eso no se va a mejorar subiendo penas ni bajando la edad de imputación penal”.
En esa misma línea, Valenzuela sostiene que la prevención debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia para enfrentar la delincuencia juvenil. “La familia es el primer y más poderoso factor protector frente a la delincuencia juvenil”, afirma, enfatizando que existe evidencia científica que respalda el impacto de vínculos familiares sólidos, referentes adultos presentes y entornos afectivos estables.
Por ello, plantea fortalecer el trabajo con las familias, apoyar la parentalidad e intervenir tempranamente en factores como la deserción escolar, la violencia doméstica y el consumo de drogas. “Ojalá que los jóvenes nunca ingresen al sistema penal”, concluyó.
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