Hoy más que nunca hay que insistir en la vinculación de la educación en derechos humanos con la realidad social y política de nuestro país.
El estallido social ha producido expectativas significativas y justas en las personas y en la convivencia social, cultural, económica y política. También en las demandas que éstas tienen de producir cambios trascendentes. Incluso se vincula directamente con la Constitución Política que queremos redactar.
La educación en derechos humanos tiene un imperativo ético-político de pronunciarse sobre las justas demandas de derechos fundamentales que la sociedad planteó. Nótese que son derechos los exigidos, no son dádivas, obsequios o regalías. Por consiguiente, al ser derechos son exigibles, indivisibles, irrenunciables e inalienables.
A la educación en derechos humanos, entonces, le corresponde dialogar y aclarar cuáles son los derechos que motivaron el estallido social. Por de pronto, a mi parecer, el derecho a la igualdad es el que estaba y está todavía en juego.
El derecho a la igualdad está consagrado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Más aún, la Declaración señala textualmente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
El estallido social hizo notar, sin tapujos y reservas, que nuestro país es uno donde las desigualdades son estructurales y se manifiesta en todos los planos. El 1% de la población acumula el 25% de la riqueza generada en el país. La desigualdad socio-económica en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, al acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas.
Mientras se multiplican los establecimientos educacionales privados destinados a los hijos de familias de altos ingresos, permanece bajo la responsabilidad del Estado una oferta de menor calidad de estos servicios, dirigida a los grupos de bajos ingresos. En otras palabras, la educación está segmentada de suerte que hay educación de primera, segunda y tercera clase.
A dos años del estallido social, no solo debemos recordar que las demandas allí sintetizadas eran legítimas y urgentes, sino también debemos poner énfasis en el hecho de que las desigualdades en nuestro país persisten.
Abraham Magendzo K.
Doctor en Educación.
Premio Nacional de Educación.
Académico de la Cátedra Unesco en Educación en Derechos Humanos UAHC.
