Artes y Cultura
Lunes 12 agosto de 2019 | Publicado a las 16:22
"Frente por una Ley de Patrimonio" hace durísima crítica al Proyecto de Ley del Gobierno
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16 organizaciones, incluyendo a los trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Sociedad de Escritores de Chile, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, la Sociedad Chilena de Arqueología, la Sociedad Chilena de Antropología Biológica y el Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, entre otros, han divulgado un comunicado critican duramente el Proyecto de Ley de Patrimonio ingresado por el Gobierno al Parlamento.

Entre otras, denuncian la falta de participación, engaño por parte del Gobierno y que promovería “el despojo cultural”.

En tres páginas, la declaración hace una serie de acusaciones, entre ellas que “al Gobierno no le interesa sentarse con las organizaciones ciudadanas haciendo oídos sordos a expertos, practicantes y organizaciones de base”, que tras el Proyecto de Ley de Patrimonio “la motivación tras este proyecto de ley es allanar el camino a intereses económicos, desbaratando la protección patrimonial”.

Las organizaciones firmantes sostienen que el Proyecto de Ley “transgrede los derechos de los pueblos originarios, no consultados, sometiéndolos a una asimilación e integración forzada desde una mirada colonialista”, que instalaría “una estructura institucional amorfa e incoherente con la protección Patrimonial”, y “tiene graves faltas de redacción e incluso hace mención de artículos que no existen”, entre otras graves acusaciones.

Finalmente, el “Frente por una Ley de Patrimonio” hace “un llamado a los parlamentarios, actores del ámbito patrimonial y al pueblo de Chile a manifestarse en contra de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo”.

Comunicado ciudadano en rechazo al proyecto de Ley del Patrimonio

Frente por una Ley de Patrimonio.

Las organizaciones y personas naturales que conforman el “Frente por una Ley de Patrimonio”, en virtud de nuestro profundo compromiso con la cultura y el patrimonio, movilizados en su cuidado y preservación, mediante la presente y por los argumentos que se exponen a continuación, manifestamos nuestro rechazo del proyecto de Modificación de la Ley de Monumentos Nacionales presentado por el Gobierno por medio de Mensaje Presidencial N°075-367 del 26 de mayo del 2019, el cual fue ingresado al Congreso Nacional en boletín 12712-24 y al cual con fecha 05 de agosto, mediante Oficio N°435-367, de S.E. el Presidente de la República, hace presente la urgencia calificada de “suma”, para el despacho del proyecto de ley que “establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural”, correspondiente al boletín N°12.712-24. Como Frente de ciudadanía organizada, exponemos que esta medida cierra de golpe la puerta a una efectiva participación ciudadana y a un proceso democrático amplio y transparente para la modificación de nuestra legislación patrimonial. Primero, se impidió que ésta ocurriese en la elaboración del proyecto, invisibilizando a actores claves en este proceso; Luego se señaló que el parlamento era el lugar para aquello. Pero ahora, con la urgencia quedó demostrado que no hay y nunca hubo voluntad para esto.

Creemos que al Gobierno no le interesa sentarse con las organizaciones ciudadanas haciendo oídos sordos a expertos, practicantes y organizaciones de base, que es desde donde justamente se construye y adquiere sentido el patrimonio en el Chile contemporáneo. Las culturas y las Artes quedan fuera de este proyecto de Ley y de la Institucionalidad, como si el Patrimonio estuviese separado, esta situación lo hace cada vez más excluyente.

Agrupados en este “Frente por una Ley de Patrimonio” y luego de múltiples instancias de diálogo, análisis y cotejar perspectivas entre los distintos integrantes, queda claro que la motivación tras este proyecto de ley es allanar el camino a intereses económicos, desbaratando la protección patrimonial, entregando el poder al ejecutivo a través de mecanismos jurídicos y aniquilando la autonomía del CMN, disfrazando esta intención con la excusa de la descentralización. Es, por lo tanto, un proyecto que pretende fusionar la protección patrimonial con los intereses de la administración pública de turno, otorgándole al ejecutivo el arbitrio de la protección patrimonial.

Este proyecto representa un retroceso irresponsable de la institucionalidad cultural chilena, debilitando su propia normativa y evitando la participación de la sociedad civil en los asuntos patrimoniales. Todo esto mediante la modificación de los mecanismos de composición, facultades, decisión, y autonomía del CMN. .Es un proyecto que desde lo técnico no responde a los objetivos que dice perseguir, pues aumenta la burocracia en la gestión patrimonial; a través de una mirada añeja de consumo y colección mantiene un carácter reactivo de la protección sin establecer procedimientos preventivos respondan a la realidad actual del Patrimonio cultural en relación a la expansión de proyectos de “desarrollo e inversión”, ni tampoco define conceptos de corresponsabilidad,; establece una orgánica incoherente con la institucionalidad ambiental, desconociendo la competencia ambiental del CMN y el Rol Fiscalizador que ejerce en el marco de la legislación ambiental. Debilita el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, sin hacerse cargo de la directa vinculación de la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales con las instituciones depositarias.

Transgrede los derechos de los pueblos originarios, no consultados, sometiéndolos a una asimilación e integración forzada desde una mirada colonialista, incorpora además la consulta indígena de manera tardía – considerando el carácter reactivo; la ley-, sin recursos ni procedimientos definidos.

Bajo un discurso de desconcentración de funciones para la gestión local del patrimonio, instala una estructura institucional amorfa e incoherente con la protección Patrimonial, no existe vinculación orgánica entre el Consejo Nacional y Consejos Regionales, dado que las dependencias administrativas de estas instancias recaen en dos subsecretarías distintas, siendo el único común denominador la figura del/la Ministro/a, de turno, entregando en definitiva el poder del Ministerio y en definitiva de la Subsecretaría.

En efecto, es un proyecto donde se elimina de la composición del órgano colegiado a organismos expertos y parte de la sociedad civil y su autonomía, dejando su participación a discreción del Presidente de la República; asimismo, inserta recursos jerárquicos a las declaratorias e incorpora la desafectación, estableciendo al Ministerio como ente superior al CMN y posibilitando al primero pronunciarse y torcer los juicios del Consejo menoscabando su legitimidad. y donde en el contexto del reciente caso Shuller, abre camino al blanqueamiento, sin regulación ni control alguno, de la posesión de bienes patrimoniales en manos de coleccionistas, abriendo el paso a 5 años de robo, tráfico ilícito y despojo de las comunidades, sin la posibilidad de abrir espacios a políticas de restitución a las comunidades de origen.

Es un proyecto que se disfraza bajo conceptos de participación, que se reducen en el levantamiento de información, reiterando nuevamente el despojo cultural.

Es una ley que adolece de sanciones necesarias para construir protección efectiva y que no deja claras las prioridades ni relevancia cuando se enfrentan conflictos de interés entre la propiedad privada y el carácter público del patrimonio cultural. Por lo demás, la propuesta de ley plantea importantes beneficios para los grandes propietarios de patrimonio edilicio, pero no incorpora mayores apoyos para los pequeños propietarios de patrimonio material más modesto, ni para los cultores y comunidades vinculadas al patrimonio cultural inmaterial, popular e indígena. Asimismo, la iniciativa presentada por el Gobierno, finalmente, tiene graves faltas de redacción e incluso hace mención de artículos que no existen. Tiene una visión conservadora, política y elitista de la cultura; una visión que separa y aleja a las comunidades de la cultura, planteando que es el Estado quien debe “acercar” la cultura a los ciudadanos. Desde esta misma concepción entiende la participación como “acceso a la cultura” y como “consumo cultural”, sin reconocer que todos los seres humanos pertenecemos a una comunidad donde creamos y reproducimos cultura. La lógica liberal soterrada en esta iniciativa es evidente y la mercantilización del patrimonio se encuentra a la vuelta de la esquina.

Por lo tanto, ante esta situación, como Frente que agrupa a distintos actores relativos al patrimonio cultural del país, nos parece reprochable la actitud de poner suma urgencia a un proyecto que, en definitiva y luego de varias jornadas de estudio y reflexión, se ha comprobado que es de mala calidad, no se ajusta a las exigencias técnicas de modernización, ni posee la rigurosidad jurídica necesaria para el resguardo efectivo y el futuro del acervo patrimonial del Chile actual.

Por lo mismo, hacemos un llamado a los parlamentarios, actores del ámbito patrimonial y al pueblo de Chile a manifestarse en contra de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo, instalando en la agenda pública la demanda por una ley de patrimonio verdaderamente ciudadana, la que considere la diversidad de actores involucrados en su constitución y definición. En palabras de Fidel Sepúlveda Llanos “El patrimonio es un universo de bienes con un tipo de presencia que irradia una excepcional riqueza del ser…La presencia, en su mejor dimensión, es patentización de la trascendencia del ser y el patrimonio se arma justamente con realidades que han cobrado este modo de hacerse presente a la comunidad”.

Frente por una ley de Patrimonio:

SECH, Sociedad de Escritores de Chile.
APECH, Asociación de Pintores y Escultores de Chile.
CAARCH, Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile.
SCHA, Sociedad Chilena de Arqueología.
SOCHIAB, Sociedad Chilena de Antropología Biológica.
COMPAT CA, Comité de Patrimonio arquitectónico y ambiente del Colegio de Arquitectos de Chile.
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
ANFUCULTURA, Asociación Nacional de Funcionarios de la cultura y las artes.
ANATRAP, Asociación Nacional de trabajadores/as del Patrimonio.
AFUCAP, Asociación Nacional de funcionarios y funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
ANFUPATRIMONIO, Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
AG CMN, Asociación Gremial del Consejo de Monumentos Nacionales.
CHM, Comunidad de Historia Mapuche.
Fundación APUS (Ambiente Patrimonio Urbano Sustentable).
Fundación ALDEA.
Corporación Cultural Fidel Sepúlveda Llanos

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