La controvertida propuesta de ley permitiría, según sus detractores, no respetar las condiciones de barrios patrimoniales aprovechando medidas de compensación, entre otros puntos criticados.
“El proyecto de ley del gobierno considera la concesión de terrenos públicos al sector privado en zonas consolidados de las ciudades, para crear polígonos con beneficios de normas urbanísticas por sobre las normativas urbanas locales, incluyendo zonas declaradas patrimonio cultural, con el objetivo de densificar habitacionalmente zonas ultra saturadas, so pretexto de entregar beneficios de integración social a sectores socioeconómicos de menores ingresos, por la vía de viviendas integradas con subsidios de arriendo protegido en edificios que las contengan, en una proporción que se desconoce, administrados por las mismas inmobiliarias”, afirman en declaración pública organizaciones de Ñuñoa de la Red Ñuñowe.
“De acuerdo a este proyecto de ley, podremos tener casos como el siguiente: zonas protegidas, con alturas razonables según plan regulador y bastará que exista un sitio eriazo o se incendien inmuebles colindantes para que Minvu pueda iniciar el proceso que permita beneficios de altura para proyectos de inmobiliarias en esa zona, por sobre el plan regulador, y por tanto rompiendo la trama urbana dentro de la zona patrimonial, ya que el Consejo de Monumentos no podrá pronunciarse sobre la altura, no siendo esa su atribución”, sostiene por su parte la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
“El concepto de integración social y urbana, manejado por el proyecto de ley presentado por el Gobierno y actualmente debatido en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, se limita a pensar en cómo podrían convivir, en un mismo conjunto habitacional, unas familias solventes, con acceso al mercado inmobiliario, y otras, con subsidios del Estado”, escribió Ana Sugranyes, Arquitecta PhD.
“Ello no solo significa continuar con el traspaso indirecto de fondos públicos al sector privado, a través de subsidios habitacionales y beneficios tributarios, sino que esta vez se propone además entregar los últimos intersticios de suelo urbano disponibles del Estado para el negocio inmobiliario, lucrando ilimitadamente con nuestras ciudades y barrios disponiendo de amplias atribuciones para intervenir impunemente sobre cualquier zona urbana del país”, denuncian organizaciones de Ñuñoa.
“Estos malos proyectos, disfrazados de integración social, serán un gran retroceso a más de 15 años de trabajo en que las comunidades han logrado proteger el patrimonio de sus barrios, a través de planes reguladores o la ley de monumentos. Los beneficios de esta ley son un traje a la medida de las inmobiliarias, no de las comunidades que hemos dado una lucha por la defensa de nuestros patrimonios, el derecho a la vivienda digna y a la ciudad”, concluye la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales.
“Pensando en la ciudad – y no sólo en proyectos de viviendas –, esta propuesta de ley deja de lado un desafío mayor: la regeneración urbana, o el cómo llevar las oportunidades de mejores condiciones de vida urbana hacia quienes viven en aquellos sectores populares, relegados por el Estado y aun libres de las agresivas torres de muy alta densidad; sectores donde se concentra la mayor parte del déficit habitacional cualitativo identificado por la Casen 2017”, critica Ana Sugranyes, Arquitecta PhD.
Organizaciones de Red Ñuñowe han convocado para mañana martes a las 10:00 horas a un punto de prensa frente al Estadio Nacional.
El Proyecto de Ley se votará este miércoles 7 de agosto en sala de la Cámara de Diputados.
