Se suspendió la audiencia de exhibición de documentos en que comparecieron los representantes de la Superintendencia de Pensiones y de la AFP Cuprum, como parte de la medida prejudicial requerida para la presentación de 32 archivos relativos a la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, proceso que fue impugnado por la Contraloría.
La documentación fue requerida ante el 20º Juzgado Civil de Santiago por el abogado Guillermo Rioseco, quien junto al jurista afiliado a Cuprum, Hernán Zambrano, y al senador del MAS, Alejandro Navarro, solicitarán la nulidad de derecho público de la fusión de las administradoras de fondos.
Esto, ante los cuestionamientos al procedimiento que implicó que Principal Financial Group, matriz de Cuprum, accediera al beneficio tributario llamado goodwill, el que asciende a más de 100 millones de dólares.
Finalmente, no se realizó la entrega de los archivos requeridos. Por parte de la Superintendencia de Pensiones se argumentó que tanto la institución como sus funcionarios deben guardar reserva de las informaciones en cuanto al cumplimiento de sus labores, según establece el artículo 50 de la Ley 20.255.
También se plegó a este argumento Cuprum, sin embargo, manifestó su intención de compartir parte de la información requerida, a excepción de aquella relativa a los planes de negocios de la administradora, los que -según dijeron- podrían afectar la competencia de ésta.
Rioseco planteó que dicha información posee carácter público, por lo que sí podría ser difundida.
El bullado caso le costó la renuncia a la exsuperintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, el 27 de enero pasado, ya que fue ella quien a pesar de los cuestionamientos, visó la operación. El fundamento alude a que Argentum requeriría de Cuprum para existir como administradora.
En diciembre del año pasado, la Contraloría impugnó el procedimiento al señalar en un oficio que “resulta contradictoria la figura de que se apruebe una fusión en la cual participe una entidad que para tener existencia legal requiere precisamente fusionarse con otra”.
Ni desde la Superintendencia de Pensiones, ni Cuprum se quisieron referir al proceso.