El 22º Juzgado Civil de Santiago ordenó al Fisco pagar una indemnización de 1.820 milones de pesos a los familiares de 21 víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010.
Se trata de un total de 72 demandantes que perdieron a sus familiares en el archipiélago de Juan Fernández, en San Antonio, Constitución, Talcahuano y Dichato.
La decisión la adoptó el titular del 22º Juzgado Civil, Pedro García Muñoz, quien concluyó que hubo negligencia de parte de funcionarios de la Onemi y del SHOA, de la Armada, por lo que se desprende la responsabilidad del Estado.
La resolución indica que “no solo falló un sistema de alerta o de emergencia, a cuya eficiencia el Estado está llamado a prestar, sino porque los errores en su ejecución impidieron a las víctimas tener, al menos, una oportunidad de salvar sus vidas o las de sus familias, originándoles una afección personal por la muerte de personas con las que tenían naturales vínculos familiares o derivados de una vida en común”.
Las indemnizaciones por daño moral van de los $7.500.000 a los 30 millones de pesos para cada uno de los 72 demandantes.
De todos modos, este fallo puede aún ser apelado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Ésta es la arista civil de la catástrofe. En lo penal, la Fiscalía Occidente llegó a un acuerdo con los seis imputados en la investigación, entre ellos el exsubsecratario del Interior, Patricio Rosende, y la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández, para la suspensión condicional del procedimiento.
El acuerdo fue revisado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que emitirá su fallo este viernes 29 de abril.
