Un tribunal de Roma suspendió hasta el 12 de marzo el inicio del juicio contra 32 militares y civiles de Bolivia, Perú, Uruguay y Chile por la muerte y desaparición de más de 50 opositores, incluyendo decenas de italianos, en el marco del denominado “Plan Cóndor”.

Los inculpados corresponden a un boliviano, 4 peruanos, 16 uruguayos y 11 chilenos, entre ellos el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. Se les imputa el secuestro de personas y homicidio múltiple agravado y corren el riesgo de ser condenados a cadena perpetua.

La decisión de suspender el proceso fue adoptado por la presidenta del colegio de jueces de la Tercera Sección Penal del Tribunal de Roma, Evelina Colella, sólo por la falta de tiempo, pues las numerosas reclamaciones de las defensas extendieron la audiencia.

La mayoría de los acusados serían juzgados en ausencia, a excepción del uruguayo Néstor Tróccoli, capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la audiencia que se esperaba para esta jornada.

“Al verlo aquí, sentado casi al lado mío, se me congeló la sangre”, confesó conmovida a la AFP la uruguaya Aurora Melloni, viuda de Alvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierdas en octubre de 1974 cerca de Buenos Aires.

Tróccoli, que no quiso hablar con la prensa, estaba representado por dos abogados, mientras que para la mayoría de los inculpados la justicia italiana puso a disposición un abogado de oficio.

Se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

Entre los acusados también figuran el ex ministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, y el general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú durante cinco años.

Representantes de las víctimas, de asociaciones de derechos humanos así como diplomáticos latinoamericanos asistieron a la audiencia, durante la cual se examinaron una serie de impedimentos presentados por la defensa de los acusados.

A pedido de las autoridades de Uruguay, país que se constituyó como parte civil, la desaparición de 20 ciudadanos de ese país será juzgada en Italia, lo que contempla el código penal.

“Se trata de un juicio histórico. Será examinado por primera vez un sistema como el Plan Cóndor”, aseguró el fiscal del caso, Giancarlo Capaldo.