Aprovechando la víspera de Nochebuena, el consejo de gobierno de la comunidad autónoma española de Castilla-La Mancha aprobó una polémica normativa de caza, sobre la cual numerosas agrupaciones ecologistas habían manifestado su oposición.

Se trata de una ley que en la práctica crea un “paraíso” para los cazadores, donde no sólo se fomenta esta actividad sino que además se consideran penas para quienes intenten obstaculizarla.

El cuerpo legal, que según el portavoz del gobierno, Leandro Esteban, tiene un “carácter social ya que favorece y facilita la caza a los aficionados de los municipios rurales y garantiza la conservación de la naturaleza”, permitirá entre otras cosas cazar a perros y gatos, la caza con trampas, además de matar animales lanceados (atacados con lanzas).

De igual forma, el texto faculta a cerrar caminos o propiedades públicas para cazar, así como a multar a ciclistas, recolectores de hongos o cualquier paseante que “moleste a los cazadores”. Incluso se deroga una disposición anterior que prohibía disparar en dirección a los caminos por donde pudieran transitar vehículos.

Esteban explicó que estas medidas mejorarán la naturaleza de la región ya que al eliminar individuos “mejorará la genética de las especies”, sobre todo considerando que se podrán crear cotos de caza privados con menos requerimientos de permisos que hasta ahora.

“(La normativa) adapta la actividad cinegética a la realidad social y económica de la región. La caza en Castilla-La Mancha es un importante sector económico generador de ingresos y de empleo, por lo que tanto merece una especial atención, como la que el Gobierno de Cospedal propone con esta normativa”, indicó en declaraciones a ElDiario.es.

Ahora, la ley debe ser aprobada en trámite legislativo, lo cual se considera un mero trámite dado que el hemiciclo tiene mayoría del Partido Popular. El gobierno regional indicó que podría estar en vigencia incluso antes de la próxima temporada de caza.

Cabe consignar que el cuestionado texto legal se aprobó pese a que sus detractores reunieron más de 100.000 firmas en su rechazo, el mayor número que se haya recolectado en la historia de Castilla-La Mancha.