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Tribunal Ambiental anuló decreto que revisó norma de material particulado respirable en Chile
Publicado por: Comunicado de Prensa
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El Tribunal Ambiental de Santiago, por la unanimidad, resolvi√≥ anular el decreto supremo N¬į 20 del Ministerio del Medio Ambiente, que revis√≥ la norma de calidad primaria para material particulado respirable en el pa√≠s.

El Tribunal resolvi√≥ “que el procedimiento de revisi√≥n de la norma de MP10 contiene una serie de vicios de ilegalidad de car√°cter esencial, que por s√≠ solos habr√≠an permitido declarar la nulidad del D.S. N¬į 20 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente”.

“Asimismo, las decisiones resultantes de dicho proceso, esto es, la mantenci√≥n del l√≠mite diario y la derogaci√≥n de l√≠mite anual de MP10 carecen de la fundamentaci√≥n exigida por la ley, vicio que por su parte tambi√©n es suficiente para justificar la nulidad de la norma impugnada”.

El decreto supremo n√ļmero 20 de 2013 derog√≥ al decreto N¬į 59 de 1998 del Minsegpres, eliminando la norma que establec√≠a un l√≠mite de 50 ug/m3 como concentraci√≥n anual y manteniendo la norma diaria l√≠mite de 150 ug/m3 de material particulado respirable.

Lo anterior motivó la presentación de cinco reclamaciones ante el Tribunal por parte de municipalidades y personas naturales. Tres de ellas solicitaban dejar sin efecto la derogación de la norma anual, mientras que las otras dos impugnaban la mantención de la norma diaria.

Esta es la primera reclamación contra un instrumento de gestión ambiental que no está relacionado directamente con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La sentencia del Tribunal ordena al Ministerio del Medio Ambiente realizar, lo antes posible, un nuevo proceso de revisi√≥n de la norma MP10 contenida en el citado decreto supremo N¬į 59, dando cumplimiento as√≠ a la Ley N¬į 19.300, que establece “toda norma de calidad ambiental ser√° revisada por el Ministerio del Medio Ambiente a lo menos cada cinco a√Īos”.

Una vez que la resoluci√≥n sea publicada en el Diario Oficial, recobrar√° plena vigencia y validez el Decreto Supremo N¬į59.

La sentencia del Tribunal Ambiental tambi√©n anula todas las resoluciones correspondientes al proceso de revisi√≥n de la norma de MP10 (Res. Ex. N¬į 57 de 2013 y Res. Ex. N¬į 850 de 2014, ambas del MMA).

Causa de alta complejidad

Para poder analizar y resolver la causa, debido a la complejidad jurídica y técnica de las reclamaciones, el Tribunal determinó agrupar las alegaciones en cuatro temas: legitimación activa; procedimiento para dictar normas primarias de calidad ambiental; fundamentos para mantener la norma diaria de MP10; y fundamentos para derogar la norma anual de MP10.

En relación a la legitimación activa, el Tribunal Ambiental de Santiago, a raíz de esta causa estableció lo que será el criterio que guiará su quehacer respecto de quiénes pueden acudir a esta judicatura para reclamar contra normas primarias, estableciendo como requisito la existencia de perjuicio.

“Respecto de las normas primarias, habr√≠a perjuicio si quien lo invoca considera que el est√°ndar fijado en la norma primaria constituye un riesgo para la vida o la salud de la poblaci√≥n. Ser√° necesario entonces, invocar directa o indirectamente lo anterior”. Por otra parte, “dada la aplicaci√≥n general de las normas primarias y no obstante la diversidad geogr√°fica, ambiental y demogr√°fica de nuestro territorio, este Tribunal considera que no es un obst√°culo ‚Äďen cuanto al perjuicio se refiere- que el reclamante habite en cualquier parte del territorio nacional, pues lo relevante es que respecto de √©l exista el inter√©s general consistente en que las normas protejan el medio ambiente y la salud de la poblaci√≥n”, se√Īala la sentencia.

Por su parte, en relaci√≥n a la derogaci√≥n de la norma anual de MP10, el Tribunal expuso que, “luego de revisados la totalidad de los argumentos planteados por los reclamantes, aparece como evidente que la derogaci√≥n de una norma de calidad ambiental debe someterse necesariamente a un est√°ndar de fundamentaci√≥n particularmente elevado, pues implica un cambio en el nivel de riesgo socialmente aceptado que no puede ser motivo s√≥lo de un acuerdo pol√≠tico, sino que el resultado de una acabada discusi√≥n, cient√≠fica en su parte fundamental, pero tambi√©n sociol√≥gica y jur√≠dica”.

Se agrega que “a menos que nos encontremos ante una situaci√≥n excepcional√≠sima, deber√° existir una estricta correlaci√≥n que garantice que la derogaci√≥n ha sido o ser√° compensada con la generaci√≥n o creaci√≥n de otra norma, que supondr√° mejores y m√°s elevados est√°ndares. En el caso de autos, si bien existe la norma MP2,5 anual, que en su m√©rito es un gran avance, un paso adelante y necesario, pero que, como se ha demostrado, no tuvo en consideraci√≥n la derogaci√≥n de la norma anual MP10; generando un fuerte debilitamiento de la fundamentaci√≥n y de la previsi√≥n de efectos inmediatos y mediatos de la derogaci√≥n”

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