Por 104 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados ratificó este martes el planteamiento de la Comisión Mixta para resolver las diferencias entre la Cámara Baja y el Senado, respecto al nuevo tipo penal propuesto sobre ocultamiento del origen ilícito de determinados bienes.

Los diputados aprobaron el Informe de la Comisión Mixta a partir del proyecto que autoriza levantar el secreto bancario en caso de lavado de activos, texto que recogió el articulado que había sido aprobado por el Senado para ampliar el catálogo de delitos que pueden servir de base para configurar el lavado de activos, según informa el sitio web de la Cámara.

De esa manera, dicho artículo dispone presidio mayor en sus grados mínimo a medio -desde 5 años y un día a 10 años, y desde 10 años y un día a 15 años- además de una multa de 200 a 1.000 UTM, a aquellos que “de cualquier forma oculten o disimulen el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente”, de la perpetración de hechos constitutivos de delitos conforme a la legislación.

Pero además, el texto señala que si el autor del delito no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena privativa de libertad será rebajada en dos grados. En todo caso, dicha pena privativa de libertad, no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigne al autor del crimen o simple delito del cual provinieron los bienes objeto del delito mencionado.

MODIFICACIONES APROBADAS

Respecto al proyecto en su totalidad, entrega competencia explícita a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para reportar operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo, e incorpora una norma de designación de ministros que pueden resolver levantamientos de secreto bancario solicitados por dicha unidad.

Además, obliga a las Superintendencias y otros organismos públicos de reportar operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones, y adecua las normas y atribuciones del Servicio Nacional de Aduanas en materia de internación de dineros no declarados al país; además de efectuar variados cambios al artículo que aborda el delito de ocultamiento o disimulación del origen ilícito de determinados bienes.

En relación a la declaración de movimientos sospechosos que se debe hacer llegar a la UAF, el proyecto contempla un cambio de 400 UF a 10 mil dólares estadounidenses o su equivalente en pesos chilenos.

Por otro lado determina que los bienes incautados o el producto de los decomisados en investigaciones por lavado de activos, podrán ser destinados a una institución del Estado o, previa caución, a una institución privada sin fines de lucro, para contribuir a la persecución del ilícito castigado.

Finalmente, la iniciativa aprobada modifica la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para permitir a los fiscales del Ministerio Público, con autorización del juez de garantía, requerir la entrega de todos los antecedentes o copias de documentos sobre depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza, de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de la investigación y que se relacionen con aquella.

De esta forma, después de 8 años de trámite legislativo, la iniciativa quedó lista para ser despachada por el Congreso Nacional, quedando pendiente sólo su ratificación en el Senado.