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Suprema a√ļn no analiza fallo de CIDH por aplicaci√≥n de Ley Antiterrorista a dirigentes mapuche
Publicado por: Agencia UPI
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La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo que el pleno del m√°ximo tribunal no ha analizado formalmente la resoluci√≥n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que conden√≥ al Estado de Chile por violar el principio de legalidad y presunci√≥n de inocencia en los casos de los comuneros mapuches Pascual Pich√ļn y Aniceto Nor√≠n, entre otros.

La magistrada hizo presente que el fallo se conoci√≥ solo en las √ļltimas horas.

“Este es un fallo que recientemente sali√≥ de la Corte Interamericana, el tribunal pleno no ha tomado conocimiento formal de dicha sentencia, pero los fallos hay que cumplirlos. Hay que leerlos en profundidad, analizarlos y adoptar las medidas pertinentes para que se cumplan en Chile”, afirm√≥.

Consultada si con anterioridad fallos de la Corte Suprema han sido anulados por sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ministra respondi√≥ que “mientras no se analicen los planteamientos y consideraciones que tuvo la Corte Interamericana, no se puede emitir un pronunciamiento al respecto. Tendr√° que ser analizado por el pleno o por las instancias jurisdiccionales pertinentes para cumplir el fallo”.

Directora del INDH: Fallo se√Īala la necesidad de adecuar la legislaci√≥n antiterrorista

Violaci√≥n al debido proceso, a la libertad de pensamiento y discriminaci√≥n fueron algunas de las vulneraciones que constat√≥ la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Nor√≠n Catrim√°n y otros y que inform√≥ al Estado de Chile ayer, al hacer p√ļblica la sentencia en relaci√≥n a este caso.

“El fallo se√Īala la necesidad de adecuar la legislaci√≥n antiterrorista en relaci√≥n a aspectos procesales como el uso de testigos protegidos y testigos con reserva, la necesidad de adecuar las prisiones preventivas que han sido usadas de manera abusiva en estos casos y que deben ir en la l√≠nea del principio de protecci√≥n a la familia de manera de que quienes han sido objeto de su aplicaci√≥n puedan ser visitados, y tambi√©n revisar qu√© pasa con la proporcionalidad de la pena en relaci√≥n a la interferencia de los ejercicios de derechos pol√≠ticos de las personas condenadas, situaciones que el INDH ya anunci√≥ en sus informes anuales”, sostuvo la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries.

Expres√≥ adem√°s que “en 2010 hubo una reforma a Ley Antiterrorista que no est√° considerada en este fallo, por lo tanto hay aspectos a considerar y otros no, y por supuesto el legislador siempre tiene la obligaci√≥n en Chile ‚Äďindependiente de lo que digan los tribunales internacionales-, de actualizar las leyes y hacerlas totalmente acordes a los principios de derechos humanos”.

Fries agreg√≥ tambi√©n que “Chile est√° absolutamente obligado a acatar el fallo pues el Estado concurri√≥ voluntariamente all√≠ al ser parte de la Convenci√≥n Americana de Derechos Humanos y de la competencia de la Corte IDH, por lo que acept√≥ que lo que diga la Corte es obligatorio”, expres√≥.

Las ocho víctimas de este caso fueron condenadas entre 2003 y 2004 como autores de delitos calificados de terroristas por la Ley Antiterrorista.

En la sentencia, la CIDH concluy√≥ que Chile viol√≥ el principio de legalidad y el derecho a la presunci√≥n de inocencia en perjuicio de las ocho v√≠ctimas de este caso por haber mantenido vigente y aplicado el art√≠culo 1¬ļ de la Ley Antiterrorista (modificado en 2010), que conten√≠a una presunci√≥n legal del elemento subjetivo del tipo terrorista, elemento fundamental en la ley chilena para distinguir la conducta de car√°cter terrorista de la que no lo es.

La Corte también encontró que en la fundamentación de las sentencias condenatorias se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró una violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley.

El Tribunal concluy√≥, entre otros, que Chile viol√≥ el derecho de la defensa de interrogar testigos en los procesos penales contra Pascual Huentequeo Pich√ļn Paillalao y V√≠ctor Manuel Ancalaf Llaupe, as√≠ como que viol√≥ el derecho de recurrir los fallos penales condenatorios de Segundo Aniceto Nor√≠n Catrim√°n, Pascual Huentequeo Pich√ļn Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, Jos√© Benicio Huenchunao Mari√Ī√°n, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia y Juan Ciriaco Millacheo Lic√°n y Patricia Roxana Troncoso Robles.

En cuanto al derecho a la libertad personal, la Corte consideró que las decisiones de adopción y mantenimiento de las medidas de prisión preventiva a que fueron sometidas las ocho víctimas de este caso no se ajustaron a los requisitos de la Convención Americana.

El Tribunal tambi√©n determin√≥ que Chile incurri√≥ en violaciones al derecho a la libertad de pensamiento y de expresi√≥n y a los derechos pol√≠ticos, debido a que, en las circunstancias del presente caso, las penas accesorias que restring√≠an esos derechos fueron impuestas de forma contraria al principio de proporcionalidad de las penas y constituyeron una grave afectaci√≥n de esos derechos. Dicha afectaci√≥n fue particularmente grave en el caso de los se√Īores Ancalaf Llaupe, Nor√≠n Catrim√°n y Pich√ļn Paillalao, por su condici√≥n de l√≠deres y dirigentes tradicionales de sus comunidades.

Asimismo, la Corte concluy√≥ que el Estado viol√≥ el derecho a la protecci√≥n a la familia en perjuicio del se√Īor V√≠ctor Manuel Ancalaf Llaupe al haberlo recluido en un centro penitenciario muy alejado del domicilio de su familia y al denegarle en forma arbitraria las reiteradas solicitudes de que se le trasladara a un centro penitenciario m√°s cercano.

Por √ļltimo, el Tribunal orden√≥ al Estado las siguientes medidas de reparaci√≥n:

Debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de las ocho víctimas de este caso.

Brindar, de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas del presente caso que así lo soliciten;

Realizar las publicaciones y radiodifusión de la Sentencia indicadas en la misma.

Otorgar becas de estudio en instituciones p√ļblicas chilenas en beneficio de los hijos de las ocho v√≠ctimas del presente caso que as√≠ lo soliciten.

Regular con claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos relativa a la reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida excepcional, sujeta a control judicial en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo para fundar una condena, así como regular las correspondientes medidas de contrapeso.

Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia, por concepto de indemnizaci√≥n de los da√Īos materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos.

Asimismo, la Corte ordenó al Estado reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del presente caso.

El juicio que condenó a los dirigentes y activistas mapuche

los lonkos Aniceto Nor√≠n Catrim√°n y Pascual Pich√ļn Paillalao (quien falleci√≥ en 2013 producto de un paro cardiorespiratorio) fueron condenados en 2003 como autores del delito de amenaza de incendio terrorista y les impusieron la pena de cinco a√Īos y un d√≠a de presidio mayor en su grado m√≠nimo.

Los comuneros Juan Ciriaco Millacheo Lic√°n, y los comuneros Florencio Jaime Marileo Saravia, Jos√© Benicio Huenchunao Mari√Ī√°n, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Roxana Troncoso Robles fueron condenados en 2004 como autores del delito de incendio terrorista por el incendio de un fundo y les impusieron la pena de diez a√Īos y un d√≠a de presidio mayor en su grado medio.

En tanto, el werken Ancalaf Llaupe fue condenado en 2004 como autor de conducta terrorista por la quema de un cami√≥n de una empresa privada y le impusieron la pena de cinco a√Īos y un d√≠a de presido mayor en su grado m√≠nimo. En todos los casos se impusieron, adem√°s, penas accesorias de inhabilitaci√≥n que restring√≠an el ejercicio del derecho a la libertad de expresi√≥n y los derechos pol√≠ticos.

Schubert: “El fallo de la Corte Interamericana reafirma lo que ha sostenido la Defensor√≠a Penal P√ļblica”

Como “un respaldo que reafirma los criterios y argumentos jur√≠dicos que ha sostenido la Defensor√≠a Penal P√ļblica sobre estos temas” evalu√≥ el defensor nacional, Georgy Schubert, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ayer conden√≥ al Estado chileno por violar el principio de legalidad y el principio a la presunci√≥n de inocencia de siete comuneros mapuche y una activista que defiende sus derechos.

Para Schubert, el fallo genera una relevante jurisprudencia, que tendr√° efectos directos sobre el sistema general de justicia en Chile, m√°s all√° del actual debate sobre la Ley Antiterrorista y sus instrumentos.

“En puntos muy sustanciales, el fallo le da la raz√≥n a la Defensor√≠a en los debates que hemos planteado permanentemente desde el inicio de la reforma procesal penal. Sobre todo respecto de la necesidad de fundamentaci√≥n de las medidas cautelares -en particular sobre los est√°ndares para la aplicaci√≥n de la prisi√≥n preventiva al caso concreto-, sobre el uso de la Ley Antiterrorista en general y el uso restrictivo y fundado en cada caso de la instituci√≥n de los testigos sin identidad, y sobre interpretaci√≥n correcta que se debe dar al derecho al recurso, entre otros temas”, afirm√≥.

El defensor nacional sostuvo tambi√©n que el fallo de la Corte reitera la importancia del principio de legalidad y los problemas que mantiene la legislaci√≥n antiterrorista en Chile ‚Äďm√°s all√° de los cambios legislativos que ya se le han efectuado-, tema que es analizado actualmente por una comisi√≥n ad hoc de expertos, que preside el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla.

“El fallo dice, por ejemplo, que el uso de testigos sin identidad tiene que ser excepcional y que debe analizarse la necesidad y proporcionalidad en cada caso espec√≠fico. Esta interpretaci√≥n no permite que este tipo de testigos constituyan una medida de aplicaci√≥n general para cualquier proceso. Tambi√©n exige un fuente control judicial, para ver si en cada caso espec√≠fico se requiere o no el uso de esta instituci√≥n, y exige -adem√°s- medidas compensatorias para la defensa cuando finalmente estos testigos intervienen en el caso, de modo que √©stos no pueden ser prueba determinante o √ļnica para fundar un fallo condenatorio, sin m√°s antecedentes”, explic√≥.

Medidas de reparación

En cuanto a las diversas medidas reparatorias que el Estado de Chile deber√° ejecutar en favor de los denunciantes -incluyendo el pago de 50 mil d√≥lares a cada uno de los ocho afectados-, Schubert explic√≥ que la Corte fij√≥ un plazo de seis meses para su cumplimiento, contexto en que reiter√≥ el problema que implica la inexistencia en nuestra legislaci√≥n de un “mecanismo o procedimiento claro” que sistematice el cumplimiento de estos fallos y la aplicaci√≥n de medidas como √©stas en Chile.

“Esto va a obligar a una serie de coordinaciones, que no est√°n muy claras, entre distintos ministerios y el Poder Ejecutivo. Por lo pronto, est√° claro que habr√° que dictar una serie de actos administrativos en relaci√≥n a las condenas y los efectos que √©stas tuvieron. El Poder Ejecutivo tendr√° que ver la manera en que cumple con el pago de las indemnizaciones”, asegur√≥.

Tuma: “No se puede seguir aplicando la ley antiterrorista”

“Este fallo le dice a Chile que hay que cambiar la Ley Antiterrorista”, dijo el senador de la regi√≥n de La Araucan√≠a, Eugenio Tuma, al conocer la resoluci√≥n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que orden√≥ dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete integrantes del pueblo mapuche y una activista.

Tuma afirm√≥ que “Chile no se puede exponer a un reproche internacional por vulnerar los derechos humanos, el respeto de √©stos es un principio fundamental de la recuperaci√≥n de la democracia y es inaceptable que los organismos del Estado se aparten”.

“No se puede seguir aplicando la Ley Antiterrorista porque viola los derechos humanos, por lo que no comprendo que algunos pidan que se contin√ļe utilizando sin modificarse y creo que lo que est√°n diciendo los organismos internacionales justifica a√ļn m√°s la actitud del ministro del Interior y del Gobierno de revisar dicha Ley y modificarla porque fue hecha en Dictadura y no est√° vigente a los est√°ndares de la democracia”, se√Īal√≥ el legislador de La Araucan√≠a.

Familiares de los presos políticos mapuche

En tanto los familiares de los llamados Presos Pol√≠ticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco, valoraron la resoluci√≥n del CIDH, la que a su parecer “viene a remediar en parte las injusticias cometidas en contra de nuestras autoridades y hermanos y hermanas mapuche que fueron procesados y condenados a trav√©s de la Ley Antiterrorista”.

“Dicha resoluci√≥n viene a ratificar lo que hemos denunciado en m√ļltiples ocasiones respecto de la Ley Antiterrorista, promulgada durante la Dictadura Pinochetista, la que ha sido aplicada durante la “democracia” exclusivamente en contra de dirigentes y militantes de la causa del Pueblo Naci√≥n Mapuche, lo cual es un evidente acto de discriminaci√≥n y de persecuci√≥n en contra del “enemigo interno”, consigna la declaraci√≥n.

Asimismo sostienen que se valid√≥ uno de sus reclamos en cuanto a que “se establece claramente, en relaci√≥n a la utilizaci√≥n de testigos con reserva de identidad, que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo para fundar una condena”.

Advierten en la declaraci√≥n que “denunciamos que el Estado Chileno, a trav√©s de sus diferentes instituciones, ha continuado violando todos estos derechos, independiente de los gobiernos de turno, y que en caso particular de los PPM-CAM (caso Elgueta y Jorquera) se suman otras violaciones a las garant√≠as judiciales y derechos humanos”.

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