No es un misterio que, en el mundo de la música, muchos compositores e intérpretes no se sienten representados por la Sociedad del Derecho de Autor (SCD), entidad que desde 1987 administra de forma exclusiva los recursos a pagar a los artistas por sus obras.

Esta vez sin embargo, los disidentes planean hacer algo al respecto. Según informa el diario La Tercera, un grupo de músicos provenientes de géneros menos masivos como el jazz o la fusión, advirtieron que crearán una sociedad de gestión de derechos paralela a la SCD.

La iniciativa está liderada por el bajista Christian Gálvez, junto al baterista Alejandro Espinosa, el multiinstrumentista Roberto Lecaros y el actual director de la orquesta del Festival de Viña del Mar, Carlos Figueroa.

Para los artistas, el punto de quiebre es el curioso esquema de representatividad de la SCD, donde la popularidad radial del artista, y por tanto sus ingresos hacia el organismo, determina el peso que tiene su voto en la directiva.

“La SCD de hoy sólo representa a un sector muy acotado de los músicos: a los que sólo apuntan a las radios. Además, a la hora de elegir a los directivos, los votos de un grupo valen mucho más que los de otro. Mientras más recaudo, más peso tiene mi voto. Y eso son los mismos músicos que después aparecen hablando de la unión del gremio y del sindicato, cuando no se dan cuenta de esta discriminación”, indicó Gálvez.

Un ejemplo de ello es que al interior de la SCD, los votos de Florcita Motuda, Jorge González o Roberto Márquez tienen una proporción de 19 cada uno, mientras que votos como el de Gálvez apenas alcanzan a 5.

Además de ello, el grupo disidente cuestiona el esquema de pago de derechos que tiene la SCD, donde se toma una muestra del 10% de las canciones que suenan en las radios durante un semestre, cancelando a los artistas cada 6 meses.

Los músicos afirmaron que en los próximos meses presentarán el proyecto al Ministerio de Educación, aunque primero deberán renunciar a la SCD.

Por su parte, el primer vicepresidente SCD, Mario Rojas, afirmó que si bien es legalmente factible que exista más de una sociedad de gestión de derechos, es preferible concentrarla en una sola por motivos de eficiencia. Además rechazó las acusaciones de poca representatividad y aseguró que el conflicto se generó a partir del proyecto del 20% obligatorio de música chilena en las radios que actualmente se tramita en el Congreso.

“No creo que tengamos problemas de representatividad: 8.000 afiliados activos es una cifra más que importante. Lamentamos que se genere una división provocada por un tema diferente a la administración de los derechos: la aprobación del proyecto del 20% y la molestia de Archi por el respaldo entregado a los músicos”, indicó Rojas.