Campesinos hondureños denunciaron que un labriego murió y otros dos resultaron baleados este jueves, cuando autoridades los desalojaron de una finca en el Aguán, donde han muerto cerca de 150 personas en disputas de tierra desde 2010.
“En el desalojo murió un compañero y tenemos otros dos heridos de bala”, dijo a la AFP Santos Torres, presidente de la cooperativa ‘Gregorio Chávez’, en entrevista telefónica desde esa zona situada a 600 al noreste de Tegucigalpa.
En un comunicado, los campesinos dieron a conocer que militares “al mando del coronel René Jovel Martínez, la policía nacional y los guardias de seguridad de Corporación Dinant desalojaron violentamente de la finca Paso Aguán a 400 familias del Movimiento Campesino Gregorio Chávez”.
Denunció que las familias “fueron reprimidas con gases lacrimógenos y bala viva por parte del ejército, la policía y la guardia de seguridad del Miguel Facussé y hasta el momento se conoce de la detención de 20 compañeros”.
“Hay dos campesinos gravemente heridos y un muerto asesinado con balas (…) El compañero asesinado es Pedro Avila, de 22 años de edad, y los heridos son David Ponce Cruz José Sánchez”, agregó.
El gobierno de Juan Orlando Hernández creó el 27 de febrero un equipo formado por policías, militares y fiscales para investigar al menos 147 asesinatos ocurridos en el Valle del Aguán desde 2010 por disputas de tierras entre campesinos y terratenientes.
El fiscal general, Oscar Chinchilla, dijo tras la instalación del equipo que su intención era evitar las muertes violentas, determinar sus causas y encontrar a los responsables.
El 12 de febrero, el director de la organización Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, consideró “gravísima” la impunidad que rodea la muerte de campesinos del Bajo Aguán y reclamó por la falta de investigación de los hechos.
El conflicto surgió en 2009 tras una reforma agraria que permitió que algunos dirigentes campesinos vendieran grandes parcelas de tierra cultivadas de palma africana a terratenientes, pese a la oposición de la mayoría las comunidades beneficiadas que administraban sus tierras de forma colectiva.
Varias comunidades acudieron a tribunales para impugnar la legitimidad de la venta, pero al no recibir una repuesta positiva tomaron la tierra por la fuerza. Los terratenientes contrataron guardias de seguridad para defender las propiedades, lo que desató los asesinatos.
Los campesinos aseguran que los militares y policías enviados por el gobierno para pacificar la zona se han aliado con los terratenientes; las fuerzas del orden han rechazado estas acusaciones.
