La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) expuso ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados la posición del gremio frente al proyecto que busca otorgar nuevas atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), mostrando sus reparos a la iniciativa, porque considera que con los cambios dicho organismo tendría un doble rol.
“Esta figura de fiscalizador y sancionador podría ser admisible, si no fuera por el carácter protector y titular de los intereses de los consumidores que posee el Sernac, considerando que la principal misión que le entrega la ley es velar por los derechos e intereses de los consumidores”, manifestó Peter Hill, presidente de la CCS.
“En consecuencia -agregó Hill-, resulta improcedente el doble carácter de protector de los consumidores y fiscalizador-sancionador de los proveedores. Se debe optar entre uno u otro rol”, afirmó.
Hill explicó que “si la motivación tras los cambios propuestos es la insatisfacción por el desempeño de la justicia de policía local y se están buscando procedimientos más expeditos, lo adecuado es la implementación de tribunales administrativos especiales, que tengan por misión principal conocer y resolver los asuntos del campo de las relaciones del consumo”.
En relación al nuevo procedimiento del nombramiento del Director Nacional, la CCS reconoce que constituye una señal positiva, pero considera que es una solución insuficiente para proporcionar al Sernac “una auténtica autonomía e independencia de influencias ideológicas o políticas. La CCS ha formulado un planteamiento a los últimos gobiernos que va en la dirección de empoderar al Sernac en lo que sea necesario, pero a condición que actúe con la independencia que exhibe, por ejemplo, el Banco Central”.
En consecuencia, la CCS ha propuesto que la designación y remoción del Director Nacional no pase por el presidente de la República, sino que sea efectuada por un Consejo Directivo del organismo que posea una integración pluralista, de distintas procedencias.
“Consideramos fundamental dar con una solución satisfactoria en esta materia, ya que ello permitiría disipar muchas de las desconfianzas que complican otros temas relacionados con el funcionamiento del Sernac”, manifestó Peter Hill.
En relación al planteamiento del proyecto en cuanto a permitir a las asociaciones de consumidores la explotación de actividades lucrativas, la CCS considera que ello puede “abrir un espacio a situaciones reñidas con la ética. No basta con prohibir el reparto de excedentes, utilidades o beneficios… porque sabemos que los beneficios monetarios pueden proporcionarse y distribuirse de muchos otros modos o bajo otros títulos”.
Para Hill estas medidas tienen “un sesgo anti-empresarial, ya que por una parte se incrementan considerablemente las multas y sanciones a las conductas indebidas de los proveedores, mientras que por otra se desgravan, con igual fuerza, las sanciones a las conductas indebidas de los consumidores. Es esta inequidad la que desacredita al Sernac para ser un ente idóneo como fiscalizador, mediador o intérprete normativo”, agregó el dirigente gremial.
Por último, la CCS planteó que en Chile no ha proliferado la “industria del reclamo” como sucede en otros países, porque la regulación legal es acotada y previene riesgos, pero advirtió que este proyecto “amenaza con desbordar esos límites”.
