Este lunes se realizó una reunión extraordinaria de los integrantes de la Corte Suprema en la que analizaron un informe de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que indagó las responsabilidades por las denuncias contra el Servicio Nacional de Menores, especialmente en los hogares de acogida de niños y adolescentes.

Entre los cuestionamientos, se apuntó al jefe de la unidad de familia del Poder Judicial, el ministro de la Corte Suprema Hector Carreño, por los problemas detectados en una encuesta que realizaron junto a la Unicef, donde se conocieron relatos de abusos contra menores, hechos que no fueron denunciados oportunamente.

La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue la encargada de dar a conocer la postura del Poder Judicial, el cual arremetió contra los parlamentarios y los criticó por no haber legislado en torno a temas de protección de menores, que derivaron a los presuntos casos de abusos sexuales al interior del Sename.

Asimismo el Poder Judicial, sin hacer algún tipo de mea culpa, lanzó los dardos contra la comisión investigadora, por tratar de responsabilizar a los representantes de la justicia en temas que, a juicio de la Corte Suprema, pasan primero por los mismos legisladores.

Es por esto que recordó la labor de los tribunales en la tarea por defender a los menores, haciendo hincapié en que ellos se han preocupado por los menores al ver la situación de abandono en que se encuentra este sector.

Asimismo indicaron que si bien hay muchos avances, también hay tareas que no pudieron concretarse por falta o limitados recursos con los que cuentan, ya que no se obtuvo financiamiento por parte del Ministerio de Hacienda.

“Esta Corte no tiene conocimiento de iniciativas legales ni administrativas destinadas a afrontar efectiva y eficientemente los problemas que ha asumido el Poder Judicial con los recursos limitados con que se le permite desarrollar sus funciones”, indicó.

“No resulta justo ni prudente que, no obstante aceptar los señores parlamentarios que están en conocimiento de esta realidad desde hace años, no se haya legislado al respecto y se pretenda hacer recaer responsabilidad en quienes llevaron adelante acciones destinadas a determinarla en su verdadera dimensión, aprobando una reglamentación con este fin, la cual no se ha podido llevar adelante por carecer de los recursos pertinentes la autoridad administrativa”, recalcó.

Asimismo, Chevesich afirmó que la Cámara de Diputados afectó a la separación de poderes al intentar fiscalizarlos, ya que sus facultades les permiten hacerlo en aspectos de Gobierno pero no en los de otro poder de Estado, como el caso del Judicial.

En esta línea, la postura de los jueces fue dura en cuanto a señalar que, si ellos quisieran, podrían rechazar totalmente la investigación de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Sin embargo recalcó que no lo han hecho y han aceptado varios canales de investigación.

“La Corte Suprema de Justicia guardó silencio al observar el quebrantamiento de nuestro orden constitucional reflejado en el obrar de la Comisión Especial Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores así como en su informe, en el entendido que no se estaba ante un pronunciamiento expreso de la Cámara de Diputados, el cual, en lo referido a la Corte Suprema, la Cámara tendría la oportunidad de rechazar en su integridad”, dijo.

“La honorable Cámara de Diputados se arrogó facultades de las que carece y que la Constitución Política de la República no le entrega”, agregó.

Finalmente la Corte Suprema lamentó la situación y reiteró que los parlamentarios sólo pretenden traspasar las responsabilidades que en realidad le corresponden a ellos, debido a que no legislaron en torno a materias de protección a menores en el marco del caso Sename.

“No se trata de una competencia de quien ha realizado más acciones en favor de los menores, sino de dejar en claro el obrar de esta Corte, que refleja en hechos y acciones concretas su interés por abordar una materia que no ha tenido una idéntica respuesta de las demás autoridades estatales”, sentenciaron.