El gobierno de México expresó su “más enérgica protesta” por la ejecución del preso mexicano Ramiro Hernández este miércoles en Estados Unidos, porque viola un fallo de la Corte Internacional de Justicia que exigía a ese país la revisión de su caso.

México “expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de dicho fallo por parte de Estados Unidos”; el gobierno de ese país estaba “obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia capital impuesta a Hernández Llanas”, expuso la cancillería mexicana en un comunicado.

“Esa obligación subsiste respecto de los otros 50 connacionales incluidos en dicha decisión” de 2004 de la Corte Internacional, quienes permanecen en los corredores de la muerte de cárceles de Estados Unidos, añadió la cancillería mexicana en un comunicado.

En el caso de Hernández, las cortes del Estado de Texas “desecharon el argumento acerca de su discapacidad mental comprobada”, destacó la cancillería.

“El gobierno de México insta de nuevo a Estados Unidos a adoptar acciones efectivas que impidan que el estado de Texas, o cualquier otro, lleve a cabo la ejecución de cualquier nacional mexicano en desacato del fallo” de 2004 de la Corte Internacional de La Haya conocido como caso Avena.

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional condenó la ejecución de Hernández, que tildó de “ilegal” por ser producto de un juicio irregular e incumplir el derecho internacional.

“No hay nada más absurdo que una atrocidad cometida en nombre de la justicia”, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

“Lo que sucedió hoy no fue más que un asesinato, un asesinato fundado en prejuicios raciales”, subrayó el activista en un comunicado.

Amnistía Internacional había solicitado en los últimos días al gobernador de Texas, Rick Perry (republicano), que frenara la ejecución de Hernández, quien fue condenado a muerte en 2000 por un asesinato y una violación.

La ONG ha argumentado que la sentencia contra Hernández se basó en “estereotipos raciales y las opiniones de testigos expertos que han sido desacreditados”, y subrayó que tampoco debía ser ejecutado por padecer “discapacidad mental”.

Hernández es el cuarto mexicano ejecutado dentro del llamado “caso Avena”.

En un fallo de 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó a Estados Unidos revisar los procesos de este caso, que aglutina los expedientes de 51 mexicanos condenados a muerte en ese país a quienes no se les respetó el derecho a la asistencia consular, estipulado en la Convención de Viena.