El Senado uruguayo prevé votar el 10 de diciembre el proyecto de ley que regula la marihuana, y que -gracias a los votos del oficialismo- convertiría al país en el primero en controlar todo el proceso de producción y venta de cannabis.
“En principio la ley se votaría en el plenario el 10 de diciembre”, dijo a la AFP el senador oficialista Luis Gallo.
El legislador integra la comisión de Salud Pública de la cámara alta, que tras casi cuatro meses de debate aprobó en la noche del martes el proyecto, solo con los votos del oficialista Frente Amplio (FA, izquierda).
“La oposición no lo votó pero el FA tiene la mayoría por lo tanto va a ser ley”, añadió el legislador.
El proyecto ya fue aprobado el 31 de julio en la Cámara de Diputados, por lo que tras ser ratificado en el Senado solo le restaría ser promulgado por su impulsor, el presidente José Mujica.
El Ejecutivo confía en tener lista la reglamentación de la norma en abril de 2014, lo que permitiría comenzar con la plantación y registro de usuarios, clubes y autocultivadores.
La iniciativa prevé tres formas de acceder a la droga: el autocultivo personal (con un límite de seis plantas), el cultivo en clubes de membresía (con entre 15 y 45 socios y un número de plantas proporcional, con un máximo de 99) y el acceso a través del expendio de farmacias, con un tope de 40 gramos mensuales por usuario.
En todos los casos los consumidores deberán ser mayores de 18 años, residentes en el país y estar registrados en un banco de datos oficial.
Según el texto, todo el proceso de producción, distribución y venta del cannabis estará regulado por el Estado, que además restringirá la publicidad y promoción de la marihuana.
El objetivo del gobierno de Mujica es arrebatarle el mercado al narcotráfico, bajo el entendido de que la guerra frontal a las drogas ha fracasado, postura defendida por la Comisión Global de Política de Drogas.
Para lograrlo, el cannabis legal tendría mejor calidad y precio que el del mercado negro, han adelantado las autoridades.
El proyecto ha despertado una fuerte polémica en el país, objetado por los legisladores de la oposición, así como por la Asociación de Química y Farmacia de Uruguay, que rechaza que las farmacias sean utilizadas para vender cannabis.
La semana pasada la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, órgano independiente de la ONU) reiteró su preocupación por el plan uruguayo y llamó al país a reanudar el diálogo con el organismo “antes de que avance el proyecto”.
La Junta Nacional de Drogas estima que en Uruguay, un país de 3,3 millones de habitantes, hay unos 120.000 consumidores de marihuana, aunque las asociaciones de consumidores sostienen que la cifra ronda los 200.000.
En agosto, en una entrevista con la AFP, el presidente Mujica dijo que el plan “es un experimento” y aclaró que si tras la legalización la marihuana se descontrola en el país está dispuesto a dar marcha atrás.
