El Consejo de Estado de Colombia, máximo tribunal administrativo, condenó al Ejército por la muerte de un campesino en 1993 durante un supuesto combate con la guerrilla, y llamó a la justicia a abordar los casos de ejecuciones extrajudiciales.
En un pronunciamiento emitido este miércoles el tribunal dijo que “las pruebas dentro del proceso son suficientes para concluir que la muerte del campesino fue consecuencia de una ejecución extrajudicial”.
Según la investigación, el Ejército sostiene la tesis de que el campesino propició su propia muerte porque no se encontraba en su lugar de trabajo habitual, sino que estaba colaborando con la guerrilla de las FARC.
El documento del Consejo de Estado, señala que dado que el cuerpo presenta impactos de proyectil realizados a corta distancia, no se sostendría la tesis del combate.
La sentencia, que obliga a indemnizar a la familia del labriego con un equivalente a algo más de 120.000 dólares, critica la investigación del juez penal militar, ya que sólo recoge versiones de los uniformados que participaron en el operativo.
El fallo recuerda que cuando el Estado no toma las medidas necesarias para prevenir y castigar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales, se incumplen las normas de derecho internacional.
La Fiscalía colombiana investiga unas 3.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la última década, que involucran a cerca de 2.000 militares que habrían hecho pasar a las víctimas como miembros de grupos ilegales muertos en enfrentamientos.
Esa práctica, conocida como “falsos positivos”, tenía como fin obtener prebendas como condecoraciones, tiempo de descanso o felicitaciones de los mandos castrenses, según el organismo investigador.
