Diputados de partidos de oposición concretaron la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, por infracción y omisión de las disposiciones de la Carta Fundamental, debido a que según los parlamentarios no se hizo cargo de las denuncias de lucro en la enseñanza superior.
La diputada Alejandra Sepúlveda fue la encargada de informar la presentación de la acusación constitucional contra el secretario de Estado, y que tiene como objetivo llevar a juicio político al líder de la cartera de educación.
La parlamentaria comentó que en varias ocasiones se ha invitado al titular del Mineduc al diálogo para que ayude a solucionar los problemas que hoy día tiene la educación superior.
“Hemos invitado varias veces al ministro de Educación para que se haga cargo de las complicaciones que tiene el lucro en la educación superior chilena, donde hemos invitado al ministro para que se haga cargo de lo que significa la Universidad del Mar que es sólo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo”, indicó Sepúlveda.
“Como el ministro no ha entendido nunca, como ha venido en múltiples ocasiones al Congreso y ha hecho oídos sordos, y como el ministro en múltiples ocasiones ha mirado para el techo, no nos ha quedado otra cosa a la bancada de la oposición, de toda la oposición, de firmar hoy día, ante el país, una Acusación Constitucional en contra del ministro de Educación”, dijo la parlamentaria.
La legisladora agregó que con esto esperaban que el Presidente de la República entienda la situación y logre un trabajo adecuado con los ministros, afirmando que estos deben tener “la capacidad y los pantalones para que no siga existiendo el lucro en la educación superior”.
Los diputados esperan tener todos los votos en la sala de la Cámara para que el próximo 16 de abril se apruebe la acusación constitucional, la cual se basa en tres capítulos, que contienen las infracciones y omisión cometidas por el Ministro de Educación y que configuran la causal constitucional del artículo 52, letra b.
El libelo se fundamenta en la infracción al principio de probidad, al expresar que no tenía las facultades para investigar y sancionar las denuncias efectuadas por diversas personas e instituciones; faltar a la verdad en sus expresiones negando conocer denuncias sobre lucro en la educación superior. No ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia y omitir el cumplimiento de las obligaciones ministeriales particularmente, la de fiscalizar las actividades del sector del ministerio de Educación.