La Corte acogió el recurso de amparo contra Gendarmería por malos tratos y golpizas a reclusos de la cárcel Llancahue de Valdivia. El Instituto de Derechos Humanos podría querellarse por torturas.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia constató la existencia de apremios de Gendarmería contra un grupo de reclusos del módulo 31 de la cárcel Llancahue de Valdivia, luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpusiera un recurso de amparo en su favor.
En el fallo resuelto por unanimidad, la primera sala del tribunal de alzada valdiviano determinó que funcionarios de la institución infringieron los derechos a la libertad individual y a la integridad física y psíquica de los internos, llamando a, en el futuro, cumplir los tratados internacionales de Derechos Humanos y especialmente lo dispuesto en la Convención Contra la Tortura.
La directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes, se mostró satisfecha con el fallo y señaló que en este caso incluso podría configurarse la tortura.
El fallo obliga a Gendarmería a restituir los derechos de los reclusos a la libertad individual y a su integridad física y psíquica, tratarlos dignamente, e iniciar un nuevo sumario administrativo que se sumará al ya en curso.
Para Fries, los hechos acreditados por la Corte de Apelaciones revisten una gravedad que exige la presentación de una querella, en la investigación que desarrolla la fiscalía.
El seremi de Justicia de Los Ríos, Alejandro Paredes, aseguró que Gendarmería acatará toda la resolución y rechazó las vulneraciones de derecho acreditadas por el tribunal.
Dentro de los hechos acreditados por el tribunal, se encuentran una golpiza que dejó a un recluso hospitalizado y orinando sangre, a otro con una mordedura de perro utilizado de manera ilegal por Gendarmería, diversas lesiones en rostro y cuerpo, además de la ausencia de fichas clínicas y de registros gráficos del procedimiento de Gendarmería, que según la institución mantenía en su poder y donde aseguraron se evidenciaba que los funcionarios se ajustaron a derecho.
Aunque este recurso ya está resuelto, la investigación penal continúa a cargo de la fiscal Tatiana Esquivel, quien busca identificar a los presuntos autores de lo que hasta ahora permanece catalogado como apremios ilegítimos.