El Consejo de Defensa del Estado comenzó el proceso para obligar a Tribasa Cono Sur a cumplir el fallo que ordenó a la empresa implementar una serie de medidas para mitigar los daños que dejó la extracción de áridos en la ribera del río Laja.
En mayo, una sentencia de la Corte Suprema determinó la responsabilidad de la empresa de capitales mexicanos en la serie de daños provocados en terrenos ribereños de la provincia de Bío Bío, los que resultaron con serios daños a raíz de la crecida del cauce por lluvias, en junio del año 2000.
Junto con confirmar la existencia en el país de Tribasa, constructora que intervino en varios proyectos regionales, como la Autopista del Itata, el Consejo de Defensa logró en estos 7 meses desde dictado el fallo, acreditar bienes con los cuales se podrá obligar al cumplimiento de la sentencia.
Entre las medidas requeridas por la justicia, demandadas por el Fisco, están la protección de la ribera contra erosiones futuras, mediante la instalación de un sistema de enrocado o de gaviones, así como el mejoramiento de los espigones hoy existentes en el lugar, además de la limpieza del sector.
En fallo dividido, los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y María Eugenia Sandoval, acogieron el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado y determinaron que la empresa Tribasa Cono Sur S.A debía reparar el medio ambiente dañado.
La resolución se adoptó con el voto en contra del ministro Brito, quien determinó que no correspondía acoger el recurso de casación del Consejo de Defensa, por estar bien aplicada la ley y la interpretación de la normativa de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
