Hasta el frontis de la Intendencia del Bío Bío llegaron representantes de 33 familias del sector Villa Futuro de Chiguayante que aún no reciben solución habitacional tras el terremoto del 27F, según denuncian.
En agosto de 2010, Jacqueline Van Rysselberghe como intendenta, Enrique Matuscka como seremi de Vivienda y Sebastián Salas, director del Serviu, explicaron en una reunión con los vecinos de Villa Futuro, que salía más caro reparar que demoler y construir de nuevo.
Con esa idea quedaron los habitantes del sector, sin necesidad de una erradicación, porque construirían en el mismo paño urbano nuevas soluciones habitacionales.
Bárbara Orrego, presidenta de la junta de vecinos, aseguró que en aquella oportunidad fueron estafados:
10 millones de pesos aproximados es el dinero que ofrece el gobierno como expropiación e indemnización para la salida de los pobladores hacia nuevos proyectos, compra particular de nueva vivienda u otro pertinente.
Juan Jarpa, del comité Pro Defensa de Indemnización Justa, aseguró que no es suficiente para ellos:
Asimismo, los vecinos fueron respaldados por la Red Construyamos, cuyo vocero Eduardo Ampuero, apuntó sus dardos contra el Estado en su conjunto, que a su juicio busca beneficiar a las inmobiliarias:
Desde el organismo de Vivienda por su parte, lamentan no estar a la altura de la demanda de los habitantes. Según comentó Julio Rodríguez, jefe de gabinete del Serviu Bío Bío:
Los habitantes expondrán ante el Congreso con el ministro de Vivienda presente. Posterior a alguna nueva propuesta, analizan llevar a la justicia su denuncia, por el delito de estafa.