En la marcha convocada para este jueves, los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) comenzarán a aplicar la autorización que les entregó la Contraloría de abordar buses de Carabineros durante las protestas. Los Observadores de Derechos Humanos valoraron la medida, pero aseguraron que la cantidad de funcionarios del Instituto puede ser insuficiente para el nivel de represión existente en el país.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos recibió de forma positiva la respuesta entregada por la Contraloría General de la República, ante la consulta – realizada en noviembre de 2011– sobre la facultad de que sus funcionarios pudiesen abordar vehículos de traslado de imputados con la finalidad de resguardar -en terreno- los derechos de las personas detenidas.

El dictamen del ente fiscalizador asegura que “es procedente que el INDH comisione a los personeros a que ingresen a cualquier lugar que se encuentre a cargo de funcionarios públicos, en que pueda configurarse una privación de libertad, con la finalidad de obtener antecedentes necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de este organismo”.

El General Director de Carabineros, Gustavo González Jure, aseguró que no tienen inconvenientes con esta medida y que esto se suma a la instalación de cámaras de vigilancia en los buses policiales.

La directora del instituto, Lorena Fries, aseveró que ya están trabajando con la institución uniformada para coordinarse de forma de poder implementar este mandato a partir de la marcha de este jueves.

Fries agregó que este pronunciamiento constituye un avance sustantivo en la defensa de los derechos de las personas que se encuentran bajo custodia del Estado en cualquiera de sus recintos, y en particular para los detenidos durante las manifestaciones.

Medida que es valorada por Marta Cisternas, coordinadora de los Observadores de Derechos Humanos. Sin embargo, agregó que esta iniciativa puede ser insuficiente frente al reducido número de miembros del INDH y la gran represión existente en el país.

Finalmente, Cisternas agregó que ellos habían solicitado esta facultad el año pasado a Carabineros, pero se les había negado argumentando que era innecesario frente a la instalación de cámaras al interior de los vehículos policiales.