Cientos de indígenas presionaron este martes por la salida de militares de una base ubicada cerca del pueblo de Toribío, suroeste de Colombia, de donde los soldados tuvieron que desplazarse a otro punto cercano tras escaramuzas, comprobó un fotógrafo de AFP.
Los indígenas rodearon a los militares que custodian en el Cerro El Berlín antenas de comunicaciones, luego de haber destruido sus trincheras y tiendas de campaña, e incluso arrastraron a algunos de ellos.
Los militares respondieron con disparos al aire y gases, pero finalmente bajaron de la cima del cerro hasta un punto ubicado a dos kilómetros de la base.
El presidente Juan Manuel Santos rechazó la acción de los indígenas y reiteró en una declaración que la fuerza pública tiene la orden categórica y perentoria de “no ceder un solo centímetro del territorio nacional”.
“Como Presidente de todos los colombianos rechazo en forma categórica dicha actitud y hago un vehemente llamado para que cesen esas acciones”, agregó Santos, tras advertir que “lo que estamos viendo son hechos inaceptables que constituyen conductas penales que deben ser investigadas por las autoridades”.
En la base del Cerro El Berlín se reunieron este martes unos 3.000 indígenas de la etnia Nasa (paeces) y “se espera que unas 1.000 personas se queden allí en la noche”, dijo por su parte a la AFP Carlos Andrés Alfonso, representante de la Asociación de cabildos indígenas de la región de Cauca.
Los indígenas Nasa se encuentran en la base del cerro desde la semana pasada, cuando exigieron la salida de sus territorios tanto de los militares como de los guerrilleros de las FARC.
Las autoridades indígenas aseguran que la presencia de la fuerza pública y de la guerrilla los hace víctimas del conflicto armado y reclaman que la seguridad en sus territorios quede a cargo de la guardia indígena.
“No pretendemos que la fuerza pública salga del departamento del Cauca, sino de nuestros territorios. El sitio donde instalaron la base es sagrado”, declaró este martes Héctor Fabio Vircué, gobernador del cabildo indígena regional.
Entre tanto, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, insistió en que “la fuerza pública no se puede ir ni se debe ir, pues quedarían (las comunidades) a merced de los terroristas y los narcotraficantes”.
Además, Pinzón sostuvo que “hay infiltración y manipulación de las FARC a algunas organizaciones” aborígenes, y aseveró que “una cosa es la autonomía y los derechos de los indígenas y otra es que empiecen a violar la ley”.
La decisión de los indígenas de expulsar a militares y guerrilleros de la zona se produjo luego de que hostigamientos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comunistas) contra el pueblo de Toribío (unos 500 km al suroeste de Bogotá) los pasados 7 y 8 de julio dejaron ocho personas heridas y varias viviendas afectadas.
Los hostigamientos y enfrentamientos de los últimos días han provocado el desplazamiento forzado de unas 6.450 personas en nueve municipios de Cauca, región señalada como importante corredor para la salida de drogas hacia el océano Pacífico.
Tras esos ataques, Santos visitó el poblado, pero rechazó de plano retirar a militares y policías del lugar.
El jurista español Baltasar Garzón, que hasta principios de este año fue asesor de la misión de la OEA para el proceso de paz en Colombia, se reunió con las autoridades indígenas de Cauca el domingo pasado.
Sin embargo, el gobierno descartó la posibilidad de una mediación de Garzón.
Se calcula que en Colombia hay un millón de indígenas, que habitan sobre todo en las áreas rurales y selváticas, donde el conflicto armado es más intenso.
El conflicto armado en Colombia, que ha enfrentado a guerrillas izquierdistas, paramilitares de extrema derecha, narcotraficantes y fuerza pública, ha dejado cientos de miles de víctimas civiles en los últimos 50 años.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 3 millones de personas fueron desplazadas por el conflicto interno.
