Dirigentes de asociaciones de pensionados y discapacitados de la región del Bío-Bío, acompañados del senador Alejandro Navarro, dieron cuenta de cómo las pensiones solidarias y el descuento del 7% les atormentan.
Los denunciantes acusan que producto de las modificaciones a la legislación en esta materia, fueron trasladados automáticamente del tramo D al A en Fonasa, es decir, han pasado a ser calificados como indigentes.
Este cambio les imposibilita adquirir bonos en la salud privada.
Ante ello, el senador Navarro pidió celeridad para corregir este defecto de la aplicación de la ley, donde no estaba estipulado que generara estos problemas.
Navarro también solicitará al ministro de Salud Jaime Mañalich se inicie un sumario para saber cómo se cometió este error y al mismo tiempo, reembolsar el pago de los dineros perdidos de todas los afectados.
Lo que ha hecho el Gobierno, según Navarro, “es aprovecharse de una política pública con el fin de que un alto número de adultos mayores que sí podían acceder a la compra de un bono, un subsidio del Estado, ahora deban pagar la totalidad de la prestación de salud, es decir, con esta interpretación de la ley se beneficia directamente al mercado, obligando a los adultos mayores a atenderse de manera particular o a ser atendidos sólo en el consultorio y… claro, dependiendo si su problemática está incluida o no en el Plan AUGE”, indicó.
