Un tribunal superior canadiense anuló el lunes partes de una ley que prohíbe los prostíbulos y la posibilidad de vivir de la prostitución, por considerar que estas medidas afectaban negativamente a los trabajadores sexuales.
La Corte de Apelaciones de Ontario (sureste) mantuvo sin embargo la prohibición de hacer publicidad de los servicios sexuales.
El fallo despenalizaría la prostitución en la provincia de Ontario. Sin embargo, fue suspendido por 12 meses para dar al Parlamento la oportunidad de volver a redactar la legislación, si así lo decide.
La legislación también puede ser apelada ante la Corte Suprema, máxima instancia judicial canadiense.
El efecto de estas leyes es “manifiestamente desproporcionado en relación con su objetivo de poner freno a problemas como el ruido y la congestión causada por la prostitución callejera”, dijo el tribunal de apelación en su decisión.
La ley actual “impide a las prostitutas contratar guardaespaldas, chóferes, o cualquier otra persona que pueda protegerlas y aumenta la probabilidad de que las prostitutas sean explotadas mediante la búsqueda de protección” de un proxeneta, estipula el fallo.
Tres mujeres de Toronto, capital de la provincia de Ontario (sureste), había alegado en octubre de 2009 ante el tribunal la inconstitucionalidad de las leyes contra la prostitución en Canadá, argumentando que la prohibición de los burdeles suponía un riesgo para ejercer el oficio.
Esta decisión “es una crítica mordaz a las medidas tomadas por el Parlamento de Canadá” contra las personas que se prostituyen, dijo Alan Young, un abogado que representa a las tres mujeres, Terri Jean Bedford, Amy Lebovitch y Valerie Scott.
“Gracias a esta decisión, los trabajadores sexuales estarán más seguros y la sociedad no los verá más de forma más negativa”, dijo en una conferencia de prensa.
A pesar de esta decisión del más alto tribunal de Ontario, la guerra de la opinión pública todavía no está ganada, dijo Nikki Thomas, directora de la organización de Trabajadores y trabajadoras del sexo de Canadá. “Todavía tenemos que convencer a la población de que las trabajadoras sexuales (…) no debe ser consideradas como seres infrahumanos”, dijo.
