Acogiendo los planteamientos de organizaciones indígenas, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad solicitar al gobierno la derogación del decreto 124, que reglamenta las consultas a los pueblos indígenas.

Asimismo pedirán la suspensión del actual proceso de consulta que impulsa el Mideplan, debido a que no se ajustaría a estándares internacionales obligatorios para el estado.

Lo anterior se determinó luego de que una delegación expusiera las conclusiones de un encuentro de autoridades tradicionales y dirigentes de los pueblos indígenas, donde se demostró que la denominada “Gran Consulta Nacional” es un proceso convocado arbitrariamente con un orden de temas, plazos y procedimientos inadecuados que aplican los derechos del cuestionado decreto 124.