La campaña por un referendo para modificar el sistema de justicia despegó el sábado en Ecuador con mitines del gobierno, que convocó la consulta para el 7 de mayo, y la oposición, promotora del NO ante lo que considera un intento del presidente Rafael Correa de acumular más poder.
Las mayores concentraciones tuvieron lugar en Quito, donde miembros de dos coaliciones conformadas para rechazar el plebiscito marcharon por separado y se reunieron en plazas públicas para exponer sus argumentos.
Integrantes de la Coordinadora Plurinacional, de la que hace parte la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) -el mayor colectivo aborigen del país- recorrieron una de las principales avenidas de la capital, tras lo cual leyeron una proclama.
“Por lealtad, por compromiso, por convicción esta vez decimos no a esta consulta”, dijo Gustavo Larrea, ex ministro del Interior del actual gobierno.
Luego, el frente Unidos por la Democracia, conformado por diputados y políticos como Carlos Vera, quien recientemente fracasó en su intento por impulsar la revocatoria del mandato de Correa, se congregaron en un parque.
En la noche, Correa presidió una concentración en un barrio obrero del sur de la ciudad y ante varios miles de simpatizantes llamó a estar “más unidos que nunca para una nueva victoria popular”.
“Vamos a demostrarle a la oligarquía con quién está la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano”, afirmó el mandatario durante el acto que incluyó presentaciones musicales, y en el que se declaró “más optimista, esperanzado y con mayor fe que nunca”.
La propuesta del mandatario socialista se divide en dos partes, cada una con cinco preguntas: un referendo sobre enmiendas a la Constitución promulgada en 2008 y una consulta popular alrededor de temas generales.
Según Correa, el referendo busca combatir la inseguridad -que considera el talón de Aquiles de su gobierno- a través de una reestructuración del poder judicial.
No obstante, sus adversarios estiman que tras dicha reforma se oculta el interés del mandatario en extender su poder a las cortes.
“Por la seguridad, la reforma a la justicia, contra la corrupción y la explotación laboral, sí y mil veces sí”, exclamó el gobernante, reiterando que “no será la última vez que consulte a los ecuatorianos en las urnas”.
