Las próximas semanas, los abogados del CDE deberán hacer frente a las etapas probatorias de las demandas contra el Estado de personas que perdieron a sus familiares durante el terremoto y tsunami del 27 de febrero.

Hasta el momento son 10 las acciones judiciales que superan los 6.000 millones de pesos de indemnización por la supuesta conducta negligente del Estado y sus agentes.

La procuradora regional del Consejo de Defensa del Estado, Ximena Hassi, señaló que en todas las contestaciones a las demandas han insistido en que los hechos del 27 de febrero no se podían prever por parte de los representantes del Estado. “Fue un caso fortuito de fuerza mayor”, señaló.

Señaló además que en esta respuesta a los tribunales sólo han usado información de público conocimiento, como las declaraciones del entonces Intendente del Bío-Bío, Jaime Tohá, a La Radio. Nada nuevo ni nada tampoco que tenga relación con la investigación penal que lleva el Ministerio Público.