La iniciativa legal modifica el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que regula la fijación de las cuotas globales anuales de captura para cada unidad de pesquería, con el propósito de, en el evento de existir dos o más de tales unidades que comprendan un mismo stock de un determinado recurso hidrobiológico, posibilitar que una vez fijada la cuota global señalada se pueda proceder a su fraccionamiento y distribución entre las distintas unidades de pesquería que integran el stock o unidad poblacional.

Cuota de pesca

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Junto con lo anterior, permite la asociatividad de los armadores para consumir, en forma conjunta, sus límites máximos de captura por armador (LMCA), con un tope del 10% de su LMCA de dos o más unidades de pesquería que correspondan a un mismo stock o unidad poblacional.

Finalmente, el proyecto obliga a la Subsecretaría de Pesca a realizar, en el plazo de 18 meses desde la publicación de la ley, un estudio sobre la talla de primera madurez sexual del jurel a fin de determinar la talla mínima de extracción para asegurar su sustentabilidad. Dicho estudio se debe realizar “a lo largo de todas las unidades de pesquería”.

Esta última expresión (“a lo largo de todas las unidades de pesquería”) fue el origen de la divergencia suscitada entre ambas Cámaras porque originalmente el proyecto señalaba que el estudio sobre talla mínima se realizaría “por cada una de las unidades de pesquería”, pero la Cámara eliminó dicha expresión en segundo trámite constitucional y el Senado rechazó tal supresión en el tercer trámite. Finalmente, la Comisión Mixta llegó a un acuerdo en torno a la nueva redacción.