Las elecciones del próximo 7 de noviembre en Birmania, “totalmente injustas”, sólo se llevarán a cabo “para prolongar la dictadura militar”, denunció el martes la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la célebre disidente Aung San Suu Kyi.

“Esta elección será organizada para prolongar la dictadura militar y para confirmar la Constitución de 2008″ con la que no se puede “construir una nueva nación democrática y pacífica”, declaró el partido, disuelto por las autoridades por haber decidido boicotear estos comicios, los primeros en Birmania en 20 años.

La LND había ganado las últimas elecciones en 1990 pero la junta militar en el poder no le permitió asumir.

Esta Constitución fue adoptada con un cuestionado referendo que se llevó a cabo apenas unos días después de que un devastador ciclón dejara 138.000 muertos o desaparecidos en 2008.

“La ley electoral es totalmente injusta”, continuó la LND que “boicotea completamente la elección de 2010″.

“Los electores tienen el derecho de no votar, según la ley electoral. Además si alguien los obliga a votar puede demandarlo a la policía”, agregó el partido.

Las autoridades birmanas, a través del periódico estatal, New Light of Myanmar, amenazaron en septiembre con encarcelar a los opositores a la organización de estos comicios que llamaran al boicot, una advertencia, sin citarla, a la LND.

Las potencias occidentales consideran estas elecciones como una mascarada en un país dirigido por una sucesión de regímenes militares desde 1962 y ven en los comicios la voluntad de los militares de montar artificialmente un régimen civil sin ceder una onza de poder.

Sin llamar directamente al boicot, Aung San Suu Kyi, que ya indicó que no iría a votar si pudiese hacerlo, subrayó que “la gente tiene el derecho de escoger si votar o no”, según su abogado Nyan Win con quien se reunió el martes en su residencia.

La premio Nobel de la Paz, excluida del proceso, cumple un arresto domiciliario sin interrupción desde 2003 y durante más de 15 de los 21 últimos años. Su última condena a 18 meses de arresto domiciliario en 2009 expira en principio el 13 de noviembre, unos días después de las elecciones.