La Asociación Nacional de Funcionarios de la Junji (AJUNJI) emplazó al Gobierno a regular la proliferación de jardines infantiles y salas cunas particulares, tras el episodio del niño de casi tres años que murió luego de ser olvidado por una parvularia en un auto afuera de su jardín.
La agrupación que representa a cerca de 7 mil 500 trabajadoras de párvulos en el área pública, instó al ministerio de Educación a modificar la normativa vigente para otorgar mayores facultades y recursos a quienes deben fiscalizar a estos establecimientos privados.
La presidenta de AJUNJI Nacional, Julia Requena, junto con lamentar la trágica muerte del menor asfixiado en un auto, Borja López, aclaró que este “no sólo es un problema del sistema de transporte escolar en los jardines”, en referencia a las declaraciones del ministro de Educación, Joaquín Lavín, “sino hay temas más de fondo donde se debe asegurar que la educación de los niños esté debidamente regulada en manos profesionales en la materia y no regida por el mercado”.
El explosivo aumento de jardines infantiles y las mínimas regulaciones y exigencias, así como las responsabilidades y sanciones legales a los sostenedores, han generado que la Junji no tenga la capacidad para “supervigilar” -como se mandata- ni la facultad de sancionar a los transgresores de las normas, dijo.
Requena recordó que los últimos casos fatales de menores se produjeron en jardines o salas cunas privadas y en la mayoría de los casos incumplían la ley.
En este contexto, explicó que el sistema de empadronamiento es una certificación de fe pública que la Junji entrega y acredita que en un inmueble funciona una sala cuna y/o un jardín infantil, lo que constituye un espacio educativo ajustado a la normativa.
Requena indicó que es necesario clarificar que los jardines Junji, en comparación con los particulares, son establecimientos de atención preescolar financiados por el Estado y que responden a la política educacional del Ministerio de Educación que se sustenta en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.
Por último, indicó que los padres, educadores, autoridades y el organismo regente en la educación pre-infantil deben asumir sus responsabilidades para corregir y mejorar estos vacíos, sin perjuicio de las responsabilidades penales y judiciales que deban enfrentar los actos individuales.
