Cada uno de los 36 pueblos indígenas que habita Bolivia, que según datos oficiales representan el 47% de la población, impartirá justicia propia, de acuerdo con un proyecto de ley del Gobierno, explicó una fuente oficial citada este lunes por la prensa local.
El gobierno del presidente Evo Morales elabora un proyecto de Ley de Deslinde (Límite) Jurisdiccional para que los poblados aborígenes apliquen sus sistemas propios de justicia ancestral, en el marco de lo que establece la Constitución.
“El anteproyecto de Ley de Deslinde reconoce a estas 36 naciones, a sus autoridades, a sus estructuras y a sus normas”, afirmó el viceministro de Justicia Indígena, Eddy Burgoa, entrevistado por el diario La Razón.
El proyecto deberá ser enviado al Congreso para su aprobación.
Los indígenas habitan en todo el país desde tiempos milenarios, y el número de sus habitantes varía desde unas 30 familias, como los pacahuaras y guarasugwe (ambos en la Amazonia) hasta los más numerosos, como los quechuas (en los valles) y aymaras (en los Andes), que sobrepasan los 2 millones, entre un total de 10 millones de habitantes.
La justicia comunitaria consiste, esencialmente, en procesos orales y públicos que aplican autoridades campesinas (dirigentes propios o ancianos sabios), aunque las sentencias suelen ser muy diferentes a la de la justicia ordinaria.
Por ejemplo, la justicia indígena condena con el destierro al que comete asesinato, mientras que la justicia ordinaria establece una sanción de 5 a 20 años de cárcel.
Varias comunidades aborígenes también han linchado a supuestos delincuentes, con el argumento de que se aplicó la justicia comunitaria, aunque la Carta Magna del país desconoce la pena de muerte.
