Tres ex presidentes, un candidato a la alcaldía y un influyente cardenal, todos ellos opositores, entraron en la mira de la justicia boliviana por presuntas irregularidades, en momentos en que el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una ley que declara imprescriptibles los delitos de corrupción.
Ex presidentes Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez
Los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-02), Carlos Mesa (2003-05) y Eduardo Rodríguez (2005) y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-97) son investigados por la Fiscalía y el Congreso, por presuntos hechos irregulares en el ejercicio de sus funciones, principalmente por presuntos contratos lesivos contra el Estado.
En paralelo, un fiscal involucró en un investigación sobre fondos reservados a Guillermo Fortún, candidato opositor a la alcaldía de La Paz para la elección municipal del próximo domingo; al ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín y al cardenal Julio Terrazas, máxima autoridad eclesiástica en Bolivia.
Todo ello cuando el Congreso aprobó la noche del lunes una ley anticorrupción, que expresamente señala que se aplicará a todos los funcionarios estatales, incluyendo a “ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros”.
Ninguno de los ex mandatarios ha comparecido aún ante la justicia, aunque la semana pasada dijeron que la nueva Ley Anticorrupción -que definieron como una “guillotina judicial”- es la puerta para procesarlos.
También denunciaron que el propio presidente Evo Morales señaló que ellos deben ser enjuiciados y sentenciados.
“Tenemos el derecho inalienable a procesos justos con normas que respeten las garantías civiles; nadie en democracia debe ser perseguido por su opción política y sus valores”, dijo Mesa en defensa de él y sus homólogos.
Los cuatro ex dignatarios anunciaron que denunciarán la violación de sus derechos ante las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA).
La ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, principal responsable en impulsar los procesos, señaló que la posición de los ex gobernantes “parece un anticipo de confesión y de culpabilidad”.
El oficialismo señaló este martes que la nueva ley anticorrupción no está orientada a saldar cuentas políticas con los opositores, sino para establecer una política estatal para que la corrupción “no tome carta de ciudadanía”.
“Deberíamos estar ahora celebrando, para que la corrupción no goce de carta de ciudadanía”, afirmó el senador del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Maldonado, presidente de la Comisión de Constitución que impulsó la nueva ley.
En el caso de los fondos reservados, el fiscal de La Paz, Félix Peralta, involucró en un caso de manejos irregulares de fondos públicos al cardenal Julio Terrazas, máximo jerarca católico en Bolivia, y un detractor del presidente Morales.
Peralta indaga cómo se manejaron unos 1.500 millones de bolivianos (unos 212 millones de dólares), durante los últimos 20 años de gobiernos liberales, que supuestamente beneficiaron a instituciones privadas y persona particulares.
Según documentos que Peralta entregó a canales de televisión, la firma del cardenal aparece en la recepción de 105.000 bolivianos (unos 15.000 dólares).
Este martes la Conferencia Episcopal Boliviana publicó en diarios locales un comunicado en que señala que “a nombre del señor cardenal, luego de haber dialogado con su persona, podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio episcopal nunca él ha recibido dinero de parte de ningún gobierno”.
La investigación de Peralta, a quien la oposición señala de ser un instrumento del oficialismo, también motivó la huida hacia Chile, hace una semana, del ex ministro de Gobierno y candidato a la alcaldía de La Paz, Guillermo Fortún, sindicado de haber desviado fondos reservados a sus cuentas particulares.
