La Eurozona adoptó un plan sin precedentes para acudir al rescate de los países socios en dificultades financieras como Grecia, que combina préstamos bilaterales europeos con la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La implicación financiera del FMI será “sustancial”, pero la mayoría del financiamiento será europeo, en una proporción del 66%.
Cada país de la zona euro deberá aportar según su participación en el capital del Banco Central Europeo (BCE), que depende de su peso demográfico y económico.
Alemania y Francia serán los dos contribuyentes más importantes, con 27 y 20% respectivamente, seguidos de Italia (18%) y España (12%).
El mecanismo de ayuda debe ser un “último recurso”, en caso de que un país ya no pueda conseguir dinero por los canales habituales en los mercados financieros porque le exigen una prima de riesgo y tasas de interés demasiado elevadas.
No será activado en forma automática: será necesario un pedido del país concernido, una evaluación de la Comisión Europea y el BCE, y por último una decisión por unanimidad de todos los miembros de la zona euro.
En cuanto al monto, el acuerdo no establece ninguna cifra. Para Grecia, las potenciales necesidades se calculan entre 20.000 y 30.000 millones de euros (26.000 y 40.000 millones de dólares), según una fuente diplomática.
Pero el mecanismo también debería servir a otros países, sobre todo si la crisis se propaga y toca las economías juzgadas como las más débiles de la zona euro, como Portugal, España o Irlanda, como estiman algunos analistas.
Las tasas de interés de los préstamos “no incluirán ningún elemento de subvención” y seguirán siendo superiores en término medio a las que pagan los países europeos cuando buscan financiamiento en los mercados.
El objetivo es tener una “tarificación adecuada” del riesgo realmente representado por el país concernido, en forma contraria a los mercados que las sobrestiman.
El país beneficiario debe prepararse a tomar medidas estrictas para sanear sus finanzas.
En ese sentido, la zona euro se plantea reforzar la vigilancia de las finanzas públicas de todos sus miembros para sancionar lo más rápido posible cualquier deriva.