La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de reclamación presentado por un grupo de abogados defensores licitados en contra de la Defensora Penal Pública, Paula Vial Reynal, quien aplicó una multa de 51 Unidades de Fomento (UF) por supuesto abandono de la asistencia legal de un imputado.

En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala del tribunal de alzada Raúl Mera, Ricardo Pairacán y la abogada integrante Cecilia Gálvez, acogieron el recurso de reclamación interpuesto por los defensores licitados de la Sociedad Guzmán, Retamal y Suárez Abogados Limitada.

La Defensora Vial había aplicado la multa al estudio de abogados por el supuesto abandono de la asistencia del imputado Víctor Hugo Geldres Mansilla, quien -en un juicio oral por robo con intimidación- cambió su versión de los hechos, y por lo tanto la forma de enfrentar su defensa, desde el reconocimiento de la culpabilidad a una negación de participación de los hechos.

El fallo afirma que no corresponde sancionar a los defensores licitados, ya que prestaron la asesoría letrada pertinente al imputado ante el cambio de escenario que se produjo sólo en los alegatos de clausura y después de que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua se retiraron a deliberar.