El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el gobierno de facto reanudaron el martes un diálogo que busca poner fin a la crisis política, en un clima de marcado escepticismo al no estar claro cómo resolverán el foco del conflicto: el retorno del mandatario al poder.

Fuente: Agencia AFP.

Tres delegados de Zelaya -uno de los cuales fue relevado este martes- y del gobernante de facto Roberto Micheletti regresaron de una pausa de tres días a debatir el punto neurálgico del llamado Acuerdo de San José, en vísperas de que venza el jueves el plazo dado por Zelaya para cerrar la negociación.

Escéptico, Zelaya, derrocado en el golpe de Estado del 28 de junio y quien se refugia desde hace tres semanas en la embajada de Brasil, habló por primera vez de la posibilidad de que no sea reinstalado en el gobierno antes de las elecciones del 29 de noviembre, como exige.

“Si llegamos a las elecciones sin un arreglo, lo que pasará es que se va a profundizar la crisis, será un gobierno débil, espurio, la comunidad internacional va a continuar el aislamiento a menos que decidan entregar a los tribunales de justicia internacional a los golpistas”, declaró.

Zelaya y sus delegados temen que el gobierno de facto esté dando largas a la discusión sobre su vuelta al poder para llegar a los comicios, la apuesta del régimen y sus aliados -empresarios, militares y políticos- para solventar la crisis.

“Han ventilado distintas propuestas, pero no hay todavía un camino claro de por dónde va la solución. Circulan ideas de distintos plazos para el retorno del presidente, que van desde intransigencia completa hasta la búsqueda de un acomodo”, dijo en Washington José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Bajo verificación de una misión de la OEA, las partes negocian sobre el plan del presidente costarricense Oscar Arias, el Acuerdo de San José, y ya habrían acordado un gobierno de unidad, la no aplicación de una amnistía, la renuncia de Zelaya a convocar una Asamblea Constituyente, el traspaso de mando de los militares al tribunal electoral previo a los comicios y el no adelanto de las elecciones.

El tema de la Constituyente fracturó la comisión de Zelaya, quien relevó al más radical de sus 3 delegados, Juan Barahona, opuesto a firmar el acta en la que el mandatario renuncia a cambiar la Carta Magna, detonante del conflicto pues la Justicia y el Congreso consideraron su iniciativa ilegal.

“Nunca vamos a renunciar a la Constituyente, pero seguimos apoyando al presidente Zelaya”, dijo Barahona, y anunció que redoblará en la calle la lucha por una nueva Carta Magna, como coordinador del combativo Frente de Resistencia contra el Golpe.

Insulza admitió que existe preocupación, dentro y fuera del país, “porque queda poco tiempo” para los comicios, que no avalaría la comunidad internacional si se realizan bajo un régimen de facto.

“Poner presión y un techo no nos ayuda a mantener la serenidad sobre la que estamos trabajando. Si nos ayudan a mantener la serenidad en el diálogo, vamos a caminar por los derroteros que Honduras se merece. Creo que la salida será rápida”, dijo la ex magistrada Vilma Morales, negociadora de Micheletti.

En el marco de esa presión, la Unión Europea (UE) encargó a España una lista de miembros del régimen hondureño en vistas a tomar medidas “coercitivas” contra estas personas, informaron a la AFP fuentes diplomáticas en Bruselas.

Mientras, en las calles, proseguían las protestas en un ambiente de palpable tensión, ya que sigue vigente el decreto que hace dos semanas suprimió las libertades civiles, pese a que fue derogado de palabra.