Es necesario preocuparse por la salud mental en la Nueva Constitución
La salud como un derecho es una de las demandas que por años se ha planteado desde las organizaciones sociales, y que ha hecho eco en la creación de una nueva Constitución. Lo anterior se comprende en la medida en que lo individual es expresión, la gran mayoría de las veces y en algún sentido, en lo social y colectivo, siendo lo social una expresión de la experiencia individual del sujeto. Por ejemplo, la crisis que reflejó la revuelta social, fue un síntoma de una problemática mayor, resultado de las condiciones de desigualdad e inequidad que se viven en nuestro país y que afectaba a la calidad de vida de las personas.
En este sentido, la crisis sanitaria ha relevado la importancia de la salud mental en nuestro país, evidenciando una problemática que está lejos de mejorar. Según la División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE), los problemas de salud mental son aquellos que tienen la mayor prevalencia en el sistema de salud, lo que respalda el último estudio de Carga de Enfermedad que indica que un 23,2% de los años perdidos, debido a muerte o discapacidad, están asociados a condiciones neuro-psiquiátricas.
Actualmente, la protección al derecho a la salud que considera nuestra carta magna, comprende la protección por parte del Estado, el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación y la rehabilitación del individuo, bajo una modalidad estatal, privada y de las FFAA. Pero este tipo de lógica, bajo el rol de un Estado subsidiario, no garantiza derechos básicos, pues no concibe a la salud desde un modelo integral, sino que entrega a privados, y también al Estado, la prestación de servicios de acceso muy diferente.
De este modo, comprender a la salud como parte de un engranaje, en donde el bienestar individual está supeditado a la calidad de vida, es lo que plantea el enfoque de determinantes de la salud. Este enfoque indica que existen determinantes estructurales que influyen tanto en las condiciones materiales, como en factores psicosociales, los cuales impactan en la salud, bienestar y equidad social de las personas, los cuales son comprendidos como el contexto socio-económico y político, tales como los niveles de gobernanzas, las políticas macro-económicas, y también las políticas sociales, la cultura y valores, e incluso la posición socioeconómica, la clase social, el género y etnicidad.
Por ello, la OMS reconoce que los aspectos asociados a la pobreza como inseguridad, bajo nivel educacional, una baja calidad de vivienda y una deficiente nutrición, son factores asociados a trastornos mentales, dando cuenta que los trastornos depresivos prevalecen de 1.5 a 2 veces más en personas en condición de pobreza, en comparación con el resto de la población.
Finalmente, cuando se concibe una sociedad, en que las personas puedan desarrollarse dentro del máximo de sus capacidades, se apela a un Estado que garantice y sea promotor de derechos mínimos, tales como vivienda, educación y medio ambiente, entre otros. Entonces hoy el desafío de la política institucional es garantizar a la salud como un derecho, con un sistema de salud que, desde todas sus aristas, tenga como centro la dignidad y bienestar de las personas.
