Marco Enríquez-Ominami, candidato: "La Convención es la respuesta a 31 años de bloqueo del Congreso"

En el marco de las elecciones presidenciales 2021, Radio Bío Bío ha comenzado a entrevistar a los candidatos para conocer su visión de la Convención Constitucional y su trabajo en torno a la construcción de una nueva carta fundamental para nuestro país.

En esta ocasión fue el turno del candidato presidencial del PRO, Marco Enriquez-Ominami, quien afirmó que la Convención Constitucional es “la respuesta a 31 años de congresistas” que, “con excepciones, no estuvieron a la altura”. Asimismo, sostuvo que el sistema subsidiario “debe cambiarse de base”, además de que se debe avanzar hacia un sistema semipresidencial con un congreso unicameral. También, el abanderado propuso una “refundación” a Carabineros de Chile.

— ¿Cómo ve usted el desarrollo de la Convención Constitucional?

— Creo que el cambio está en la Convención Constitucional. Creo que la oportunidad de otro Chile más justo depende de la Convención Constitucional, y que si pronto entran a lo sustantivo, van a cumplir con la esperanza de una mayoría que pide derechos. Otro sistema político. Que atiende y entiende que el candado de nuestra democracia y nuestra economía está en la Constitución de 1980.

— En esa línea, para usted, ¿están todas las partes, grupos y comunidades de la sociedad representadas en la Convención?

— Nunca una democracia representativa logra el sueño de la representación ideal. Las democracias son todas imperfectas. Pero esta Convención Constitucional, a mi juicio, goza mayor legitimidad que el Congreso de la República.

— ¿Por qué?

— Porque la Convención Constitucional es la respuesta a que 31 años de congresistas, con excepciones, por supuesto, no estuvieron a la altura. El fracaso de la ley de divorcio y su demora inapropiada, injusta. La demora y la censura a la ley de aborto. La demora y la censura a los debates constitucionales sobre el sistema democrático. La demora y el bloqueo permanente a las discusiones sobre los modelos de pensiones, entre otras, desembocaron en esto.

La Convención Constitucional es la respuesta a 31 años de bloqueo sistemático. De intentar siempre postergar la conversación sobre lo que significa la vida en común.

— ¿Qué modelo de desarrollo el país podría asumir? ¿Liberal, antineoliberal? ¿Y cómo se compatibiliza el desarrollo humano con el crecimiento económico?

— Yo diría que uno de los grandes errores de la Constitución de 1980 es que a lo largo de sus letras establece al Estado como un esclavo del mercado. Establece que el Estado subsidia al mercado. Establece, en su conjunto de normas y reglas, que la democracia debe ser restrictiva, mínima. ocasional.

Y por tanto, en su arquitectura política, a lo largo de toda la Constitución lo que hay es una visión de la participación y del rol de los individuos, mucho más como sujetos económicos y consumidores que como sujetos de derechos.

Y en segundo lugar, mi propuesta de modelo de desarrollo en el mediano plazo es lograr derechos. En el largo plazo, un modelo de desarrollo sustentable que entregue, entre otros elementos, un giro hacia un modelo de desarrollo sostenido mucho más en el conocimiento que en lo extractivo. Vale decir, con una economía mixta, donde el Estado sea el brazo y el mercado la herramienta. Y donde la búsqueda del desarrollo entienda que el crecimiento es “una” dimensión del mismo, no es “la” dimensión.

Y que la finalidad de la vida en común no es crecer por crecer, es crecer para lograr la autonomía, la emancipación, el desarrollo individual y colectivo en sociedad.

— ¿Es viable el sistema subsidiario que hoy existe? ¿O debe cambiarse de base?

— Debe cambiarse de base. Si usted revisa el debate de los abogados en dictadura, en la Comisión Ortúzar, lo que buscaban era privilegiar la libertad de emprender por sobre el derecho de un niño a tener derecho a la educación. Esto es una hipocresía, porque la libertad de elegir donde estudian tus hijos en verdad es la libertad de endeudarse en Chile. La única libertad que te garantizan es ir a pedir un crédito a un banco, para poder pagar la educación de tus hijos.

— ¿Usted propone o cree necesario hacer cambios al modelo político? ¿Ir hacia un parlamentarismo, o hacia un semipresidencialismo?

— Quisiera subrayar que eso lo advertí desde el año 2006. La única vez que fui candidato a diputado fui muy explícito en esto que voy a plantear ahora, y no me quisieron oír: por una parte, terminar con lo que yo denomino una “monarquía napoleónica y borbónica”, con un tipo de presidencialismo que en realidad tiene una contradicción, puesto que le pide al país que le ofrezca doble legitimidad: una legitimidad para el Presidente y otra para el Congreso. En este gobierno lo hemos vivido: la derecha tiene el control del Ejecutivo, y la oposición el control del Congreso. Eso es una doble legitimidad.

Por tanto, propongo un semipresidencialismo, con un congreso unicameral.

En caso de que quieran algunos y algunas mantener el bicameralismo, me parece que el Senado debe tener un origen nacional, y la Cámara de Diputados un origen local. Si es que quisieran insistir, en tercer lugar propongo una democracia representativa con fuerte presencia de elementos de la democracia participativa y directa, con plebiscitos y referendos revocatorios e iniciativa popular de ley.

— ¿Está usted dispuesto a reducir el período, tanto presidencial como parlamentario, por una única vez, para que se correspondan con los plazos de la nueva constitución?

— Así es, y tampoco fui oído cuando se firmó el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, que produjo poca paz los meses siguientes. Y cometió este grave error de cronograma donde tenemos una Constituyente intoxicada, contaminada con una elección presidencial. Pero que, además, tiene un Presidente que ni siquiera quiere ser árbitro, sino que está abiertamente en contra de la Constituyente.

Por lo anterior, por supuesto que persevero en un nuevo cronograma. Uno que ofrezca una sincronía o armonización entre las elecciones, pero sobre todo, que proteja al nuevo Chile. Porque el nuevo Chile está amenazado por el viejo Chile. A tal punto que en noviembre elegiremos un Senado, entre otras cosas, a pesar de que yo ya me he reunido por Facebook Live, por Zoom en directo con más de 35 constituyentes, y todos me han expresado su adhesión al unicameralismo.

Por tanto, estamos eligiendo senadores, que salvo que existiese una norma transitoria, no tendría sentido esa elección.

Entonces, en segundo lugar, va a ser elegido un Presidente que el mes de marzo va a tener que jurar o prometer respetar una Constitución fenecida. Que va a tener que esperar al mes de septiembre u octubre del año próximo para volver a jurar y prometer, con nuevas reglas. Y muy probablemente un nuevo sistema político.

— ¿Espera señales de la Convención hacia la regionalización?

— Yo espero que la nueva constitución establezca lo que nosotros denominamos desde el 2006, lograr un federalismo atenuado. ¿Qué significa eso? La mayor autonomía a las regiones, salvo en dos dimensiones al menos: en materia de seguridad, creemos que se requiere una policía nacional unificada. Y en materia tributaria, hemos planteado la necesidad de mantener la solidaridad tributaria entre regiones.

¿Por qué las excepciones en materia tributaria y de seguridad? Porque si cada región tiene su propia policía, son permeables al narcotráfico, que es una gran amenaza en nuestro continente y en Chile.

En segundo lugar, ¿por qué la solidaridad tributaria? Porque si usted hace que Aysén y Antofagasta vivan de lo que producen, no tendría lógica. Por lo tanto, requiere solidaridad. Cosa distinta es que las partes de algunos impuestos de manera, como retribución a los modelos de desarrollo contaminantes, de algunas regiones como Antofagasta, una parte quede en las regiones.

Y en todo lo demás, en materia de modelo de desarrollo regional, autonomías administrativas, etcétera, para nosotros es esencial entregar mayores atribuciones a las figuras de los gobernadores. Y por supuesto, eliminar la figura del delegado presidencial.

— Mencionó a una policía nacional unificada. Las instituciones de seguridad, como Carabineros de Chile, ¿deberían cambiar a partir de esta nueva constitución?

— Así es. Debe ser refundada la institución de Carabineros, y no es contra los o las policías. Es con ellos y por el bien de ellos. Por el bien de la seguridad, debemos refundar Carabineros.

— ¿En qué consistiría esta refundación?

— Hay elementos que son sustantivos, como la formación, la transparencia. Hay elementos que son claves, y que hoy día atentan contra quien tiene el monopolio de la fuerza en una sociedad que es la policía. Y en un país donde han aumentado con fuerza los homicidios, a pesar del toque de queda, es hoy día un imperativo tener una nueva policía. Como ocurrió en algún minuto con la PDI, por lo demás.

— ¿Es para usted el plazo de 9 meses o un máximo de 12 que fija la Constitución para el desarrollo de la Convención apropiado para redactar una nueva carta magna?

— Me parece apropiado, ya que esas son las reglas con las que se compitió.

— Y si usted sale electo, ¿está dispuesto a ampliar el plazo, y al mismo tiempo, inyectar más recursos, o mantiene las reglas del juego?

— Estoy dispuesto a ese debate, pero invito a los constituyentes a hacer el máximo posible para respetar el plazo y para cumplir con un cronograma imperfecto. Creo que la corrección no debe venir por la Constituyente, sino por el viejo Chile.

Me parece bien que se instale un fuerte debate respecto del próximo gobierno, que tiene en algunos elementos un aspecto inevitablemente transitorio, aunque no lo quiera, entre el viejo y el nuevo Chile. El próximo Presidente será electo en el antiguo Chile, y tendrá que gobernar una parte de su mandato en un nuevo Chile. Eso tiene un problema. Porque, insisto en el ejemplo del Senado, pero hay más ejemplos, en que usted hace que el viejo Chile controle el nuevo Chile.

Ese nuevo Chile ya fue validado en un proceso democrático, con más participación que todas las elecciones siguientes. Es el proceso del plebiscito, y obtuvo una mayoría nunca antes vista en la historia de Chile desde la democracia reciente: un 80%.

— ¿Su programa de gobierno comulga con el debate de base del proceso constituyente?

— No puedo dejar de recordar que no lo vieron venir las élites del país. Pero yo propuse -y están los videos ahí- abrir un proceso constituyente a través de un plebiscito convocado por un Presidente. Quisiera recordar que fui el único que lo planteó de esa manera en el Congreso, en la clase política. Y me acompañaron, creo, algunos progresistas de otros partidos.

Pero también recuerdo que fui el único candidato, y el único partido de Chile, que llamó explícitamente a marcar el “AC” en 2013, en la primera vuelta. Ningún partido, ninguno, quiso marcar el voto. La mayoría de los partidos que usted conoce en la oposición adhirió a la alternativa de Bachelet, que eran los cabildos. Nosotros sí marcamos AC. Y el voto AC creo que sacó 10% y yo saqué casi 11%.

Por tanto, respondo así a su pregunta. Nosotros nos sentimos parte y acompañamos con humildad un proceso en el cual fuimos uno de sus principales promotores en la clase política.

— ¿Qué le parece que su firma podría estar en la nueva constitución?

— No me parece hoy una pregunta atractiva de responder. Me parece que hoy lo importante es que un pueblo participe a través de los constituyentes en la construcción de nuevas reglas para una sociedad más justa.

— ¿Qué opinión tiene usted sobre el funcionamiento de la justicia en Chile? ¿Debería entrar esto en el debate constituyente?

— Creo que tenemos un serio problema de justicia, medioambiental, en derechos humanos, económica. Justicia en el sentido amplio.

Creo que el poder acusatorio en Chile está a mi juicio hoy día enfrentando una seria crisis. El poder acusatorio es un monopolio muy importante, que está entregado a una institución que no tiene jefatura. Que es una ley que está mal hecha. Yo llamo a revisar bien el rol del poder acusatorio del Ministerio Público, y quisiera dejar constancia que sé que muchos fiscales hacen un esfuerzo sensacional. Yo mismo he propuesto que tengamos más fiscales, pero también propongo que revisemos el poder acusatorio.