El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó dejar en prisión preventiva a cuatro funcionarios del Ministerio de Vivienda imputados por los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. En la audiencia, la magistrado afirmó que los detenidos “maquinaron para defraudar al Fisco”.
De los 21 detenidos, acusados de formar parte de una red de corrupción, catorce de ellos quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario, firma semanal y arraigo nacional, mientras que los siete restantes -cuatro de ellos funcionarios del Minvu- cumplen prisión preventiva.
En concreto, y según se detalló en la audiencia que se realizó durante dos días, los imputados habrían favorecido a empresas que suscribieron contratos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, previo pago de un monto acordado.
Así, a los funcionarios del área informática del Minvu se les imputan los delitos de cohecho, lavado de activos y fraude al fisco.
Para la jueza Pilar Ahumada, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, “había una maquinación para defraudar al Fisco” de parte de los acusados.
“Elegir a aquellas empresas a través de estas comisiones evaluadoras de quienes quizá no reunían la idoneidad técnica, resulta un indicio al estimar que aquí había una maquinación destinada a defraudar al Fisco”, señaló.
El persecutor de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Ledezma, se mostró conforme con la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro funcionarios del Minvu, ya que para él, son los cabecillas de la presunta red de corrupción.
“Me parece que es adecuada con los antecedentes que nosotros expusimos, dio por acreditados los delitos por los cuales nosotros formalizamos a los imputados y por lo tanto estamos conformes con la resolución”, valoró.
A uno de los funcionario del Minvu en prisión preventiva, Marco Rivas, se le adjudican 46 delitos. Su abogado, el defensor público Víctor Provide, refutó los cargos que se le imputan a su representado, ya que -según dijo- no se acreditó la existencia de perjuicio al Estado.
“A ellos se les adjudica 46 delitos, pero estimamos que con el correr de la investigación se va a ir despejando los antecedentes y podamos lograr desacreditar varios de ellos. Ustedes escucharon al Ministerio Público, señala que los trabajos se han efectuado y por lo tanto nosotros cuestionamos que de que existe el delito con ausencia de perjuicio”, sentenció.
El tribunal estableció ocho meses de investigación, a la espera de conocer el monto total defraudado, el que según el mismo ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, podría alcanzar los 900 millones de pesos.
Recordemos que la Fiscalía de Alta Complejidad junto a la Policía de Investigaciones indagan tres delitos de corrupción: Fraude al fisco, cohecho y lavado de activos.
El periodo indagado va desde 2014 a la fecha, donde funcionarios públicos, principalmente de la Dirección de Informática del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, habrían favorecido y aseguraban licitaciones a empresas, a cambio de dinero.
